23 de mayo de 2025
COMPLICADA
Le depositaron 510 millones de pesos, los gastó y podría ir presa: cómo sigue el caso de Verónica Acosta
Una mujer de San Luis esperaba el dinero de la cuota alimentaria, pero recibió una millonaria transferencia por error del Gobierno provincial. Sin saber que se trataba de dinero público, lo usó para adquirir alimentos, comprar electrodomésticos y ayudar a familiares.
Un casó inédito sorprendió a todos los vecinos de San Luis cuando se conoció que una mujer recibió una millonaria transferencia por parte del Gobierno provincial. Si bien esperaba la cuota alimentaria, su sorpresa fue aún mayor cuando se encontró con la transacción de 510 millones de pesos.
Sin pensarlo demasiado, Verónica Acosta decidió utilizar el dinero y los gastó en cuestión de horas. Compró alimentos, adquirió electrodomésticos y además, ayudó a familiares.
En menos de 48 horas, el Estado congeló su cuenta, allanó su casa, incautó celulares de sus hijos y la imputó por defraudación al Estado. Ahora, ella y otras cinco personas (familiares y allegados) deben pagar $30 millones cada uno en fianza para evitar la prisión.
"No somos ladrones. Si el Gobierno se equivocó, ¿por qué pagamos nosotros?", dice Acosta sobre la insólita situación. Como era de esperarse, muchos internautas reaccionaron en redes y opinaron sobre lo sucedido.
Algunos se mostraron críticos sobre el uso del dinero, pero otros, celebraron la decisión de la mujer de utilizarlo en sus propias necesidades. “Esperaba 8.000 y se compró dos televisores y un auto ??????”, “No le pareció raro la cantidad que tenía? Honestidad señora, eso le faltó” y “No devuelvas nada ....”, fueron algunos de los comentarios más leídos.
Por otra parte, el contador que realizó la transferencia fue quien luego denunció el error. Según la defensa, no pesa ninguna imputación sobre él hasta el momento.
En esa línea, es importante que el Gobierno recuperó el 90% del dinero, donde parte fue devuelta voluntariamente y el resto está siendo rastreado por billeteras virtuales.
Desde Fiscalía de Estado, representada por el abogado Flavio Ávila, se sostiene que hubo intentos previos de contacto para alertar sobre la equivocación, pero no fueron respondidos. "La buena fe hay que demostrarla con hechos", señaló Ávila