Cuenta regresiva para Futaleufú: Nación ordenó el inicio del proceso de transición
Con el fin de la concesión a la vista, el Gobierno nacional dispuso que la empresa Hidroeléctrica Futaleufú S.A. siga operando por 90 días mientras se prepara la entrega del complejo hidroeléctrico. Chubut fue invitada a participar del proceso, pero aún no hay certezas sobre el futuro del contrato de la represa
Este martes 3 de junio entró en vigencia la Resolución 231/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación, mediante la cual se oficializó el inicio del período de transición para el traspaso de la represa Futaleufú, ubicada en la cordillera de Chubut. La medida se da a menos de dos semanas del vencimiento del contrato de concesión que mantiene la firma Hidroeléctrica Futaleufú S.A., controlada por la empresa ALUAR, desde el 15 de junio de 1995.
La resolución establece que, una vez vencido el contrato, la concesionaria deberá continuar a cargo del complejo por un plazo inicial de 90 días, prorrogable hasta un máximo de 12 meses. En ese tiempo, se deberán garantizar la operación del sistema, la seguridad de las instalaciones y la entrega ordenada de los bienes al Estado Nacional. Además, se designó a la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedora del proceso y se invitó formalmente a la Provincia del Chubut a nombrar un representante para colaborar en esta transición.
La decisión se enmarca en un contexto de alta tensión entre el Gobierno nacional y las provincias patagónicas por el destino de las principales represas hidroeléctricas del país. En Chubut, el gobernador Ignacio Torres había anticipado que no permitiría prórrogas automáticas sin condiciones y reclamó energía más barata para la provincia, inversión en infraestructura y una participación efectiva en la renegociación del contrato.
El complejo Futaleufú es clave para el sistema energético del país: abastece con más del 90% de su producción a ALUAR, la principal planta de aluminio de la Argentina, mientras que las localidades cercanas —como Esquel, Trevelin y Cholila— denuncian pagar tarifas elevadas y sufrir un déficit crónico en el suministro.
Desde distintos sectores políticos, sociales y ambientales de Chubut se viene exigiendo la “provincialización” de la represa, por considerar que los beneficios de su operación no llegan al territorio donde se genera la energía. La resolución publicada hoy abre una nueva etapa, aunque aún no se conoce con precisión qué ocurrirá después del período de transición.