3 de junio de 2025
SANTA CRUZ
Procesaron al exjuez destituido por liberar a un condenado antes de tiempo
La jueza de Instrucción N°1 de Río Gallegos imputó y ordenó el embargo por $5 millones al exmagistrado Diego Lerena, por prevaricato, tras su polémica decisión de excarcelar al empresario Oscar Núñez, condenado por abigeato
El escándalo judicial que sacudió al Poder Judicial de Santa Cruz en 2024 sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que la jueza de Instrucción N°1 de Río Gallegos, Marcela Quintana, resolviera procesar sin prisión preventiva al exjuez Diego Lerena por el delito de prevaricato. Además, dictó el embargo de sus bienes por un monto de cinco millones de pesos.
Lerena había sido destituido por el Tribunal de Enjuiciamiento en septiembre pasado, luego de liberar en diciembre de 2023 —de forma unilateral y sin competencia— al empresario ganadero Oscar Núñez, condenado a 10 años de prisión por su participación en una megacausa de abigeato. El fallo había generado la reacción inmediata de las víctimas, que lo denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia, y fue calificado por los jueces enjuiciadores como una grave irregularidad.
La magistrada que ahora instruye la causa penal consideró que el exjuez dictó una resolución sabiendo que era contraria a derecho, al ordenar la excarcelación de Núñez cuando ya no tenía competencia en el expediente. Según el artículo 473 del Código Procesal Penal de Santa Cruz, solo el tribunal de juicio tiene autoridad para intervenir durante la etapa de ejecución de la condena.
El procesamiento representa un hecho inédito en el fuero civil de la provincia, no solo por el alcance del delito imputado, sino por la carga simbólica: se trata de un magistrado que fue separado de su cargo por decisión unánime del Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por Hugo Figueroa, Fernando Basanta y Renéé Fernández. En aquella resolución, Fernández advirtió que Lerena “retomó indebidamente el control del caso, ignorando la intervención de los jueces naturales del proceso”.
La figura del prevaricato contempla penas de prisión e inhabilitación para jueces que dictan resoluciones sabiendo que son injustas. De avanzar el expediente hacia una etapa de juicio oral, Lerena podría enfrentar una condena penal que agrave aún más su ya comprometida situación institucional.