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Miércoles, 14 enero 2026
Argentina
12 de agosto de 2025
INFORME

Impulsan una auditoría para investigar el origen, la legalidad y la legitimidad de la deuda 

El  Instituto Argentina 50, que preside el senador rionegrino Martín Doñate, presentó un informe para realizar una auditoría de la deuda externa argentina. Además, brinda herramientas para  restablecer la soberanía económica

Impulsan una auditoría para investigar el origen, la legalidad y la legitimidad de la deuda 
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El Instituto Argentina 50 presentó un informe para impulsar la realización de una auditoría “pública, amplia, profunda y transparente” para investigar a fondo el origen, la legalidad y la legitimidad de la deuda externa argentina. 

“Sostenemos que el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es uno de los mayores obstáculos para la recuperación del país, no solo por sus condicionamientos económicos y políticos, sino también por la ilegitimidad e ilegalidad que marcaron su gestación”, señalan en el informe.

El trabajo fue difundido en sus redes sociales por el senador rionegrino Martín Doñate (Unión por la Patria), que preside el Instituto creado en 2023, del cual forman parte profesionales de todo el país y referentes del campo del derecho, las ciencias políticas y las ciencias económicas y sociales.

Agrega que “el trabajo también propone medidas y proyectos estratégicos con sólidos fundamentos jurídicos, políticos e institucionales, orientados a restablecer la soberanía económica y revertir las consecuencias del ajuste impuesto”.

Con sede formal en la Capital Federal y Viedma, Río Negro, el Instituto Argentina 2050 (IA 2050) surge como espacio de reflexión y análisis que brindará propuestas a la sociedad enmarcadas en el escenario global, regional y nacional, el desarrollo de las nuevas tecnologías, la economía, la inteligencia artificial, el medio ambiente, los derechos humanos y la nueva realidad del mundo del trabajo y los desafíos de los estados, los gobiernos y las sociedades.

Sus principios fundacionales se encuentran enmarcados en el respeto irrestricto de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático. Promover prácticas en el sector estatal para un desarrollo de más y mejores profesionales con vocación por lo público, para que el Estado pueda responder a las necesidades de la población.

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