12 de agosto de 2025
CHUBUT
El proyecto de ley de ciberpatrullaje y regulación de evidencia digital tomó tracción en la Legislatura Provincial
En el parlamento chubutense inició el debate de un proyecto elaborado por el Ministerio Público Fiscal y el Ejecutivo, que incorpora herramientas de investigación digital con control judicial
La Legislatura de Chubut abrió este martes el tratamiento de un proyecto de ley destinado a regular la obtención y uso de evidencia digital en investigaciones penales, iniciativa elaborada de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Poder Ejecutivo provincial. El encuentro contó con la presencia del procurador general Jorge Miquelarena, los procuradores adjuntos Marcos Fink y Matías Froment, los fiscales especializados en cibercrimen Fernando Rivarola y Eugenia Domínguez, y el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazabal.
La propuesta busca modernizar el marco legal para adaptarlo a los desafíos de la vida digital, estableciendo procedimientos claros para el manejo de información obtenida en dispositivos, servidores, redes sociales y sistemas informáticos. “Hoy las pruebas no solo se encuentran en armas o rastros físicos, sino también en entornos digitales. La falta de normativa específica deja un vacío que complica el trabajo de fiscales, jueces, defensores y la protección de las víctimas”, advirtió Miquelarena.
El texto plantea fortalecer el Estado de derecho sin vulnerar garantías constitucionales, otorgando herramientas como el acceso remoto, la vigilancia electrónica y la figura del agente encubierto digital, siempre bajo control judicial estricto y con criterios de proporcionalidad. Entre sus objetivos centrales, se busca prevenir la impunidad evitando que pruebas obtenidas en entornos digitales sean anuladas por carecer de respaldo legal.
El proyecto de ley apunta especialmente a reforzar la protección de víctimas en delitos graves como abuso sexual infantil, trata de personas y estafas digitales, asegurando la transparencia procesal y la intervención judicial en cada etapa. Desde el MPF remarcaron que el Código Procesal Penal vigente, sancionado en 2006, no contempla normas específicas sobre recolección, preservación, valoración y presentación de evidencia digital, lo que provoca dificultades probatorias y vacíos legales.