27 de agosto de 2025
CHUBUT
Emergencia Climática II: allanamientos en Comodoro por presunta corrupción municipal
La Justicia realizó operativos en viviendas vinculadas a exfuncionarios y empresarios de la gestión de 2017. Se secuestraron equipos informáticos y el fiscal Cristian Olazábal confirmó que la investigación busca ampliar responsabilidades en la causa por el manejo irregular de fondos tras el temporal
En Comodoro Rivadavia, la causa conocida como Emergencia Climática II sumó este miércoles un nuevo capítulo con allanamientos en domicilios vinculados a exfuncionarios y empresarios de la gestión municipal de 2017. Entre los procedimientos se incluyó el estudio del exsecretario de Economía Germán Issa Pfister.
El fiscal jefe de la ciudad, Cristian Olazábal, explicó que las medidas —allanamientos, requisas personales y registros vehiculares— tuvieron como objetivo el secuestro de elementos informáticos relacionados con la investigación. “Se trata de medidas de comprobación directa para preservar evidencia”, señaló.
La pesquisa se desprende del juicio original de la Emergencia Climática, iniciado en 2017 por el manejo irregular de fondos públicos destinados a obras tras el temporal que devastó a Comodoro. Ese proceso concluyó con condenas en primera instancia y fue confirmado por la Cámara Penal en diciembre de 2024, aunque aún resta la definición del Superior Tribunal de Justicia tras una impugnación extraordinaria.
En la causa original fueron condenados exsecretarios municipales, inspectores y empresarios, por delitos de fraude y administración fraudulenta. El tribunal que llevó adelante ese juicio instó a que se abrieran nuevas líneas de investigación, de donde surge la actual Emergencia Climática II.
Olazábal recordó que durante el debate oral desfilaron más de 120 testigos en cuatro meses, lo que permitió comprobar maniobras de corrupción en la gestión de fondos destinados a los damnificados. Ahora, las medidas buscan determinar responsabilidades de actores que no fueron juzgados en aquella primera etapa.
El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, acompañó la conferencia de prensa del fiscal y cuestionó los retrasos del Superior Tribunal en expedirse sobre las condenas firmes. “Era muy obvio que querían licuar la pena y les salió mal. No entiendo por qué tanta dilación, cuando el juicio fue complejo y sin embargo más rápido que esta impugnación”, planteó.
La investigación apunta a presuntas exacciones ilegales, bajo la modalidad de “contusión”, en la que se habría exigido dinero a empresas durante la emergencia. “Siempre quienes se encuentran sospechados de corrupción intentan darle un sesgo político a sus delitos. Lo que investigamos ahora es una orden directa del tribunal y apunta a establecer nuevas responsabilidades”, concluyó el fiscal Olazábal.