11 de septiembre de 2025
NEUQUEN
Desestimaron la denuncia contra fiscales por desalojo mapuche en Casa de Gobierno
El fiscal Manuel Islas resolvió archivar la denuncia presentada por comunidad mapuche contra los fiscales Diego Azcárate y Pablo Vignaroli, al considerar que el operativo en la sede del Ejecutivo fue legal y proporcional
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén resolvió desestimar la denuncia presentada por representantes de comunidades mapuches contra los fiscales Diego Azcárate y Pablo Vignaroli, a raíz del desalojo ocurrido en la Casa de Gobierno en julio pasado. El fiscal del caso, Manuel Islas, consideró que no existió delito y archivó las actuaciones.
La denuncia sostenía que la orden de desalojo debía ser avalada por un juez de garantías, y que tanto la fiscalía como la Policía provincial habían actuado con abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, Islas concluyó que la intervención fue “legal y ajustada a derecho”, y que los fiscales actuaron dentro de sus facultades al ordenar una medida “menos gravosa” que no requería control judicial.
En su resolución, el fiscal señaló que el procedimiento se desarrolló en un espacio público y que la medida buscó primero identificar e intimar a los manifestantes para que se retiraran voluntariamente. “La Policía actuó en cumplimiento del deber y de manera proporcional a las circunstancias”, afirmó, luego de analizar videos, informes médicos y fotografías incorporadas a la causa.
La protesta en cuestión se había originado el 15 de julio, cuando integrantes de distintas comunidades mapuches se encadenaron en el ingreso de la Casa de Gobierno provincial para reclamar el reconocimiento de personerías jurídicas. Con el correr de los días, la ocupación se extendió y dificultó la circulación y el ingreso de empleados, lo que derivó en la denuncia presentada por la Fiscalía de Estado.
Finalmente, el 20 de julio los fiscales ordenaron a la Policía provincial intimar a los manifestantes a retirarse en un plazo de dos horas, bajo apercibimiento de proceder al desalojo con uso de la fuerza pública. Según el fallo de Islas, la actuación se enmarcó en un caso penal por coacción y se ajustó a las facultades legales de los fiscales intervinientes.