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Jueves, 4 diciembre 2025
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21 de octubre de 2025
LA CONSTITUCIÓN TE LA DEBO

Milei promulgó las leyes de emergencia pediátrica y universitaria, pero se niega a aplicarlas

El Gobierno asegura que no se pondrán en práctica porque la oposición se niega a señalar las fuentes de financiamiento. El Congreso las aprobó y ratificó tras rechazar el veto del Ejecutivo.

Milei promulgó las leyes de emergencia pediátrica y universitaria, pero se niega a aplicarlasMilei promulgó las leyes de emergencia pediátrica y universitaria, pero se niega a aplicarlas
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El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica en todo el país, pero postergó su aplicación a pesar de haber sido aprobadas por el Congreso.

Las mismas fueron publicadas en el Boletín Oficial, aunque el Ejecutivo se niega a ponerlas en práctica por el impacto fiscal que generarían, considerándolo “insostenible para las cuentas públicas en ausencia de partidas específicas”.

La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada tras el rechazo al veto presidencial previo, y busca garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento del sistema universitario nacional, así como la recuperación salarial del personal docente y no docente. El mecanismo previsto fija un ajuste bimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De acuerdo a las proyecciones incorporadas en el decreto que lleva la firma de Milei, la actualización acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2024 representa un 34,89%, lo que implicaría un costo adicional estimado de $123.358.213.085 solo para el ejercicio vigente, mientras que el gasto en 2025 ascendería a $1,06 billones y para 2026 a más de $2 billones.

En el caso de la Ley de Emergencia Pediátrica apunta a fortalecer las partidas para los hospitales infantiles, garantizar insumos y recomponer los salarios de los profesionales, además de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de especialidades críticas. 

Al respecto, el Gobierno de Milei calculó que la puesta en marcha del régimen exigiría una inversión de $196.270 millones, un monto que, señalan, supera la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Salud y que equivale al 30% del total nacional destinado a medicamentos y tecnología sanitaria.


 

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