28 de octubre de 2025
ESCÁNDALO
Cortés alberga a un condenado en Guatemala por lavado y vínculos con el narcotráfico
Gustavo Daniel Ferrari es hermano de la secretaria de Producción, Silvia Ferrari. En 2014 fue condenado en Guatemala por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Mientras espera un juicio en Argentina, trabaja en la municipalidad de Bariloche
El municipio de Bariloche, que conduce Walter Cortés, alberga entre sus colaboradores a un empresario que tiene una condena en Guatemala a seis años de prisión por lavado de activos y actualmente está procesado en Argentina por integrar una organización criminal vinculada al narcotráfico.
Se trata de Gustavo Ferrari, hermano de la actual secretaria de Producción del municipio, Silvia Ferrari. Nacido en La Plata, el hombre de 56 años fue acusado de integrar una organización criminal entre 2011 y 2014 para transportar en vuelos internacionales grandes sumas de dinero de origen ilícito que estarían vinculadas, según la acusación, al narcotráfico.
El 12 de diciembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 rechazó un pedido de Ferrari y de la fiscalía en el que solicitaban realizar un juicio abreviado y evitar un juicio completo, en el marco de la investigación que se realiza en Argentina para investigar el presunto lavado de activos agravado.
Como se lee en la resolución que lleva la firma de Diego García Berro, el juez desestimó el pacto entre la fiscalía y el acusado por considerar que las pruebas reunidas durante la instrucción no alcanzaban para fundamentar una condena y que era necesario "un mejor conocimiento de los hechos".
Según publicó el medio local Baribache3000, Ferrari no figura en ninguna planta de personal ni tiene designación formal en el municipio de Bariloche, “pero maneja una camioneta municipal sin plotear —la Kangoo patente AF 855 PW, interno 934— y participa de reuniones oficiales”. El medio difundió, además, imágenes de agosto de 2024 donde se lo ve al empresario junto a su hermana y el intendente Cortés en el encuentro Fab Lab municipal.
Ferrari está acusado en Argentina de “haber formado parte de una asociación u organización criminal, integrada al menos por el nombrado, José Luis PÉREZ; Marcelo FERRARI y Rogelio BONIS”. En la acusación se lee que “en forma organizada, habitual y permanente”, entre 2011 y junio de 2014, “se dedicaron a transportar, en forma oculta y por fuera de los canales legales habilitados para su transferencia, grandes sumas de divisas”, las cuales “provenían de actividades criminales vinculadas, por ejemplo, al narcotráfico”.
Detalla que las divisas generalmente provenían de Europa (principalmente, de España) y luego lo trasladaban con destino a Perú, Panamá, Guatemala, México, Bolivia y/o Colombia, “generalmente haciendo triangulación en la República Argentina”.
El rol de Ferrari en la organización habría sido el de realizar viajes al exterior, con el objeto de planificar y coordinar los respectivos viajes de terceros a fin de poner en circulación, en forma oculta y por fuera de los canales legales habilitados para su transferencia, divisas en los mercados de los países de destino indicados, se detalló.
Marcelo Ferrari, hermano de Daniel, y Rogelio Bonis, fallecieron, motivo por el cual se extinguió la acción penal. Mientras que José Luis Pérez sí accedió a un juicio abreviado en 2022, que fue homologado en 2023 pero la fiscalía abandonó la calificación de lavado de activos agravado.
Ferrari intentó avanzar con la misma estrategia judicial. Proponía, en un acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, que se lo condenara a una pena de cuatro 4 años y 6 meses de prisión, y el pago de una multa de 1.800.000 pesos. Pero el juez García Berro rechazó la solicitud por considerar que es necesario desarrollar un juicio oral ante “la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos”.
Una condena en Guatemala
El 15 de mayo de 2015, Ferrari fue condenado a seis años de prisión en la República de Guatemala por lavado de activos, por un hecho ocurrido el 24 de septiembre de 2014, anterior a los hechos que investiga la justicia argentina. En ese momento, el caso tuvo amplia repercusión en medios nacionales que indicaban que Ferrari había sido "sorprendido" el 24 de septiembre de 2014 en la principal terminal aérea del país, cuando intentaba viajar con “206.000 dólares estadounidenses, 7.540 euros, 2.178 pesos argentinos, 70 francos suizos y 120 dólares de Hong Kong. El dinero estaba escondido en un doble fondo de su equipaje y, al ser detectado por las autoridades, no pudo explicar el origen del mismo.
En 2020, medios de La Plata informaban que Ferrari estaba próximo a cumplir con su condena en Guatemala pero para recuperar la libertad debía pagar una multa y, como no contaba con el dinero, podría ser sentenciado nuevamente a 47 años de cárcel.
Sus familiares y amigos hicieron gestiones ante la Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que se aplique la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, y pidieron ayuda ante la OEA.