1 de diciembre de 2025
CHUBUT
El proyecto "ficha limpia" que buscará regular los permisos de pesca
Será presentado por el Ejecutivo provincial, y se convertiría en un requisito excluyente para explotar un recurso que cada vez toma mayor protagonismo en la economía local y en su agenda política
El gobierno de la provincia del Chubut impulsa la creación de lo que se podría definir como una ley de “ficha limpia” en materia pesquera. Esta posible nueva norma buscaría impedir que empresas cuyos dueños o socios tengan condenas en primera instancia por delitos tributarios o económicos puedan obtener, renovar o transferir permisos de pesca.
La medida parte de la revocación, mediante la resolución 690/2025, de un permiso de pesca artesanal vinculado al hundimiento del buque BP Carlillo que se lo relaciona con posibles irregularidades como sobrecarga de la embarcación, falta de controles y un tripulante no declarado. Ese episodio puso en evidencia cierta falta regulatoria en el sector, especialmente en relación con antiguos permisos otorgados bajo la modalidad VACOPA (variado costero patagónico), convertidos automáticamente en licencias para la Flota Amarilla tras la reforma de 2022.
En los últimos meses, el gobierno de Nacho Torres había intentado presentar un proyecto que ampliaba transitoriamente de 40 a 42 los permisos pesqueros para buques de la flota; maniobra enmarcada en un acuerdo con la empresa Red Chamber Argentina para la instalación de una planta industrial. La iniciativa generó fuerte rechazo de cámaras empresarias, gremios y actores del sector, que denunciaron falta de respaldo técnico-científico, riesgos biológicos y el uso de licencias “por decreto”.
Si prospera la ley de “ficha limpia”, se podrá afirmar que habrá un gran cambio en de reglas en la pesca en Chubut, ya solo podrán acceder a permisos empresas con historial limpio. El evitar que existan irregularidades y mantener un criterio “transparente” al momento de la distribución de concesiones es el objetivo de este proyecto de ley.
Para esto, la relación entre Estado y sector privado debería ser bajo el compromiso de que existan controles efectivos, criterios claros de adjudicación y sanciones concretas en casos de incumplimiento. En ese sentido, el éxito dependerá de la capacidad estatal de regular una actividad estratégica para la economía provincial.