El Contralor Municipal, Jorge Fernández, presentó una nota el 4 de diciembre denunciando el hecho. 8 días después, el dinero fue girado a la empresa de transporte público

El municipio fue acusado de no pagar el boleto estudiantil y retener fondos

La Contraloría Municipal de San Martín de los Andes lanzó una fuerte acusación contra el Ejecutivo local tras comprobar que, recién el pasado 12 de diciembre de 2025, se realizó el primer pago de $120.000.000 a la empresa prestataria del servicio de transporte con destino al boleto estudiantil, beneficio que debería haberse financiado de forma continua desde hacía más de un año.

Según el organismo de control, este desembolso sólo se efectuó como respuesta a una denuncia presentada ocho días antes, dejando al descubierto que, durante catorce meses, los fondos recaudados a través del estacionamiento medido no fueron utilizados para su finalidad establecida por ordenanza.

De acuerdo con la auditoría, el 72,5% de lo recaudado opr estacionamiento se destina directamente a la empresa concesionaria del servicio (SAEM), mientras que el 27,5% restante corresponde al saldo municipal. De este último porcentaje, según el organismo, deben descontarse las comisiones de las plataformas de pago electrónico, como Mercado Pago, que, sin embargo, siguen siendo absorbidas por el municipio, situación que contradice lo que establece el acuerdo vigente.

Además, la Contraloría puso en cuestión el uso de parte de estos fondos municipales para el pago de honorarios a un abogado externo, sin que se haya aclarado cuál fue su función específica.

La auditoría aclaró que el objetivo de la recaudación del estacionamiento medido, según la normativa local, es garantizar el flujo financiero que sostiene el Boleto Estudiantil Gratuito. Sin embargo, el organismo advirtió que durante catorce meses no se ejecutó ninguna transferencia con ese fin, lo que para la Contraloría demuestra que los fondos sí existían, pero fueron retenidos o utilizados para otros fines no especificados hasta que se presentó la denuncia formal.

Desde la Contraloría insistieron en que la aparición de los $120 millones y la realización del pago recién en diciembre confirman las sospechas de retención indebida, lo que profundiza la controversia sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos municipales.

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