17 de diciembre de 2025
CONGRESO
Cruces con sello patagónico por la reforma de la Ley de Glaciares en el Senado
Los parlamentarios Carlos Linares de Chubut y José Carambia de Santa Cruz confrontaron al secretario de Minería Luis Lucero durante el debate por los cambios que impulsa el Gobierno nacional y cuestionaron el impacto ambiental, el apuro legislativo y el rol del lobby minero
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares escaló en tensión este miércoles en el Senado. Durante un plenario de las comisiones de Ambiente y Minería, senadores patagónicos protagonizaron fuertes cruces con el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que busca introducir precisiones sobre las prohibiciones vigentes en áreas glaciares y periglaciares, quedó en el centro de un intercambio marcado por acusaciones políticas, advertencias ambientales y cuestionamientos al procedimiento legislativo.
El primer enfrentamiento tuvo como protagonista al senador chubutense Carlos Linares, quien aclaró que no se opone a la minería como actividad productiva, pero sí a la forma en que históricamente se intentó avanzar en su provincia. En ese marco, remarcó que los glaciares no solo cumplen una función hídrica, sino que tienen un valor ambiental integral, y cuestionó los argumentos que históricamente se utilizaron para promover proyectos mineros en Chubut.
Linares recordó el caso del proyecto Navidad y sostuvo que durante años se difundieron versiones falsas sobre la inexistencia de agua, cuando —según afirmó— se había identificado un acuífero que permitiría abastecer la operación sin afectar las cuencas. En respuesta, Lucero defendió el esquema de controles ambientales previsto en el Código de Minería y en las normativas provinciales, y negó que el análisis ambiental se limite únicamente al recurso hídrico. Atribuyó además la falta de desarrollo minero en Chubut a “mitos instalados” y no a restricciones científicas reales.
El intercambio subió de tono cuando Linares mencionó antecedentes de presuntos intentos de sobornos a legisladores provinciales en debates anteriores, con referencias a mensajes y presiones del sector minero. El secretario rechazó cualquier vinculación con hechos irregulares, pero el senador insistió en la necesidad de discutir el tema con mayor transparencia y recordó episodios ambientales críticos ocurridos en la provincia.
La discusión se trasladó luego al procedimiento legislativo. Linares cuestionó el tratamiento “exprés” de la reforma y advirtió que avanzar con dictamen en un plazo reducido podría implicar una discusión superficial sobre un tema sensible como la protección de glaciares. Lucero respondió que la minería es una actividad regulada desde hace más de un siglo y que la reforma responde a reclamos de gobernadores provinciales, tras más de 15 años de una ley que —según sostuvo— genera interpretaciones restrictivas y frena inversiones.
El segundo cruce fuerte fue protagonizado por el senador santacruceño José María Carambia, quien apuntó directamente a la redacción de la norma. Cuestionó la ambigüedad del artículo que prohíbe actividades que alteren “de modo relevante” la condición de glaciares y ambientes periglaciares, y advirtió que esa formulación deja la decisión librada a interpretaciones administrativas, habilitando de hecho exploraciones mineras o hidrocarburíferas.
Carambia planteó la necesidad de diferenciar entre glaciares propiamente dichos y áreas periglaciares, con distintos niveles de protección. Lucero respondió que la ley debe leerse de manera integral y sostuvo que la protección alcanza a los cuerpos que cumplen una función hídrica relevante, cuya determinación corresponde a las autoridades provinciales en base a criterios técnicos.
Lejos de conformarse, el senador santacruceño acusó a la minería de incumplir sistemáticamente normas ambientales y cuestionó el bajo nivel de regalías que paga el sector en comparación con otras actividades productivas. “No es que no queremos minería, pero así como está planteada, no deja nada y genera impactos”, sostuvo. Lucero rechazó que el debate sea una cuestión meramente económica y defendió el criterio científico para definir qué cuerpos deben ser protegidos.
Carambia acusó al oficialismo de avanzar con una norma que, a su entender, no prohíbe nada y habilita cualquier actividad bajo interpretaciones flexibles. Visiblemente molesto, devolvió el micrófono y abandonó el plenario, dejando expuestas las fisuras políticas y regionales que atraviesan el debate.