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Lunes, 5 enero 2026
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5 de enero de 2026
RIO NEGRO

Denunciaron otra vez al intendente de Cinco Saltos por presuntas irregularidades millonarias

El Tribunal de Cuentas presentó una nueva denuncia penal contra Enrique Rossi por contrataciones y pagos realizados entre 2024 y 2025. La acusación también alcanza a funcionarios y advierte faltante de documentación y restricciones al acceso a la información pública

Denunciaron otra vez al intendente de Cinco Saltos por presuntas irregularidades millonarias
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El Tribunal de Cuentas de Cinco Saltos presentó una nueva denuncia penal contra el intendente Enrique Rossi por presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos durante los ejercicios 2024 y 2025. La presentación, ingresada el 26 de diciembre ante la Fiscalía local y conocida públicamente en las últimas horas, también involucra a los secretarios de Hacienda y Gobierno y de Obras Públicas.

La denuncia fue impulsada por los vocales Omar Torres y Gabriela Dergo, quienes ya habían promovido una acción similar en 2025 por presunta defraudación a la administración pública. En este nuevo escrito, el órgano de control solicita investigar una operatoria vinculada a un proveedor municipal y detalla pagos observados por un total de 98.650.967,40 pesos, de los cuales 39.202.414,89 pesos ya habrían sido efectivamente abonados.

Según consta en la presentación, se solicita que se investiguen posibles delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El eje central de la acusación es una serie de contrataciones que, de acuerdo al Tribunal, no cumplirían con la normativa vigente ni contarían con la documentación respaldatoria correspondiente.

Uno de los puntos destacados es que el proveedor cuestionado habría iniciado su vínculo con el municipio como personal contratado y luego comenzó a facturar como monotributista. Los vocales señalaron que, al momento de celebrarse las contrataciones observadas, esa persona no integraba el Registro de Proveedores Municipales, sino que aún figuraba como empleado contratado, lo que podría configurar una incompatibilidad.

El Tribunal también cuestionó contrataciones directas que habrían superado los montos máximos permitidos por ordenanza. En uno de los casos, se advierte que el importe mensual autorizado excede el tope legal y que, pese a ello, los pagos se realizaron sin que exista factura respaldatoria. En otros tramos del escrito se remarca directamente la inexistencia de resolución administrativa, contrato válido o comprobantes que justifiquen los gastos efectuados.

Otro aspecto relevante de la denuncia refiere al alquiler de vehículos y maquinarias que no serían propiedad del proveedor. Según el Tribunal de Cuentas, se facturaron camiones y equipos cuya titularidad correspondería a terceros, sin que exista un contrato de comodato válido ni autorización del titular registral, lo que agrava las irregularidades detectadas.

Además, los vocales denunciaron una restricción sistemática al acceso a la información pública. En la presentación se afirma que existen más de 300 resoluciones municipales que no figuran en el registro oficial y a las cuales el Tribunal no ha podido acceder, pese a reiterados pedidos formales, lo que dificulta las tareas de control y auditoría.

En declaraciones a un medio regional, Omar Torres recordó que esta no es la primera denuncia penal contra la gestión de Rossi y cuestionó la falta de avances judiciales en presentaciones anteriores. Según explicó, varias de esas denuncias fueron radicadas en la Fiscalía de Cipolletti y estuvieron vinculadas a distintos hechos del primer año de la actual administración.

Entre los antecedentes mencionados se encuentra el gasto realizado para la fiesta aniversario de la ciudad, donde, según el Tribunal, se contrató a una empresa de reciente creación cuyas únicas facturas correspondían al municipio, detectándose un pago que superó en más de 10 millones de pesos lo estipulado en los contratos. También se denunciaron pagos por 60 millones de pesos a ATE que no habrían sido debidamente registrados en el sistema contable municipal.

A esto se sumaron observaciones sobre una operatoria con una inmobiliaria local, mediante la cual se habrían devuelto terrenos a cambio de luminarias que, de acuerdo al Tribunal, nunca fueron incorporadas ni registradas formalmente, y el uso de un vehículo particular del intendente con gastos de combustible afrontados por el municipio, incluyendo consumos reiterados y cargas realizadas el mismo día.

Sobre el estado de esas causas, Torres fue contundente: “Fueron cuatro o cinco presentaciones que hicimos y no pasó nada”. En ese marco, explicó que la nueva denuncia se presentó con una estrategia distinta, con la intención de constituirse como querellantes. “Denunciamos para no ser cómplices”, afirmó, y advirtió que el Tribunal de Cuentas continuará recurriendo a otras instancias judiciales si no hay avances en la investigación.

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