22 de enero de 2026
BARILOCHE
Buscan impugnar la autorización del helipuerto en Puerto San Carlos
Según se señala en la denuncia, el Ejecutivo no tendría competencia para autorizar el uso comercial permanente de un bien del dominio público sin una ordenanza previa. Se advirtió que la resolución fue dictada sin estudios de impacto ambiental, sin audiencias públicas y sin habilitación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
Un concejal de Bariloche presentó una impugnación formal contra la Resolución 091-I-2026, mediante la cual el Ejecutivo municipal autorizó a la empresa Helitronador a operar desde el Puerto San Carlos para realizar vuelos turísticos. La presentación cuestiona que la habilitación se haya otorgado sin intervención del Concejo Deliberante y sin cumplir con requisitos legales, ambientales y aeronáuticos.
El planteo aclara que el espacio denominado “helipuerto” no es técnicamente un helipuerto habilitado, sino un LADH (Lugar Apto Denunciado para Helicópteros). Este tipo de instalaciones no cuenta con la certificación ni con la infraestructura exigida por la normativa aeronáutica para operaciones comerciales regulares.
Autorizar vuelos turísticos pagos desde un LADH, sin controles técnicos ni certificación aeronáutica, agravaría la ilegalidad del acto y comprometería la seguridad pública. En ese sentido, se sostiene que la resolución incurre en una nulidad absoluta por haber sido dictada por un órgano sin competencia legal.
La impugnación también advierte que la empresa desarrolla desde hace tiempo una actividad turística comercial regular en Bariloche, ofreciendo distintos circuitos aéreos pagos. En ese marco, se remarca que la autorización municipal no habilita una situación excepcional, sino que consolida una explotación privada sobre un predio público sin control legislativo.
Asimismo, se denuncia desvío de poder y arbitrariedad, al considerar que se habría invocado una supuesta finalidad vinculada a rescates o asistencia para encubrir una actividad turística con fines lucrativos. Según se argumenta, ningún objetivo justifica el incumplimiento de la normativa vigente.
El escrito recuerda además antecedentes de 2019, cuando la Defensoría del Pueblo solicitó el cese de este tipo de excursiones tras denuncias de vecinos y organizaciones ambientalistas, y cuando Parques Nacionales inició actuaciones administrativas por sobrevuelos en zonas protegidas.
Finalmente, se solicita la nulidad absoluta de la resolución, la suspensión inmediata de las actividades autorizadas y la intervención del Concejo Deliberante y de las autoridades ambientales y aeronáuticas competentes. También se deja expresa reserva de acciones judiciales, incluido un eventual amparo ambiental.