Los vocales cuestionados solicitaron una intervención urgente para dejar sin efecto la cautelar que les impide asumir plenamente y denunciaron que una minoría del TSJ concentra el control del órgano de manera inconstitucional

González Nora y Acevedo recurrieron a la Corte Suprema por la disputa en el TSJ

Con la reanudación de la actividad judicial tras la feria de enero, el conflicto por la integración del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz ingresó en una etapa decisiva. En ese marco, José González Nora y Sergio Acevedo presentaron un recurso directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que reclamaron medidas urgentes para suspender la cautelar que bloquea su ejercicio como vocales del máximo tribunal provincial.

La presentación se da en el contexto de la controversia generada por la ley provincial que amplió la conformación del TSJ de cinco a nueve miembros. Esa norma fue declarada inconstitucional por cuatro jueces del propio Tribunal, decisión que derivó en la suspensión de las nuevas designaciones y abrió una disputa institucional de alto voltaje político y jurídico.

Mientras la Fiscalía de Estado impulsó un recurso federal extraordinario contra la sentencia que invalidó la ampliación del Tribunal, González Nora y Acevedo avanzaron por su cuenta ante el máximo órgano judicial del país. En su planteo sostienen que la cautelar vigente les impide ejercer funciones para las que fueron designados conforme a los procedimientos previstos por la Constitución provincial y tras haber prestado juramento formal.

En el escrito, ambos magistrados advierten sobre una situación de gravedad institucional y señalan que un grupo de cuatro integrantes del TSJ, al que califican como minoría, habría asumido el control del Tribunal desconociendo la vigencia de la ley sancionada por la Legislatura y los actos del Poder Ejecutivo. Según su planteo, esta situación configura una afectación directa al funcionamiento regular del Poder Judicial santacruceño.

Los vocales sostienen que la medida cautelar carece de fundamentos jurídicos suficientes y cuestionan la legitimidad del proceso que le dio origen, iniciado a partir de la presentación de una asociación gremial. Además, remarcan que no fueron convocados como parte en ese trámite, lo que, a su entender, vulnera garantías básicas como el debido proceso y el derecho a defensa.

En su presentación ante la Corte, González Nora y Acevedo solicitaron que se suspenda de manera inmediata la cautelar que impide la aplicación de la ley que amplió el Tribunal y que se otorgue efecto suspensivo al recurso extraordinario ya interpuesto. También denunciaron demoras injustificadas en el tratamiento de ese recurso dentro del TSJ, lo que interpretan como una maniobra para dilatar el acceso a una revisión por parte del máximo tribunal del país.

Según argumentaron, ese retardo configura una forma de denegación de justicia y consolida una situación irregular en la que el Tribunal continúa adoptando decisiones administrativas y jurisdiccionales pese a la controversia abierta sobre su integración. En ese sentido, señalaron que la intervención de la Corte Suprema aparece como la única vía para restablecer el orden institucional y garantizar el respeto a las normas constitucionales.

Finalmente, los magistrados remarcaron que recurrieron a las instancias judiciales como única alternativa frente a lo que consideran un avasallamiento institucional, y solicitaron un pronunciamiento inmediato que obligue al TSJ a dar curso al recurso pendiente o, en su defecto, que sea la propia Corte la que disponga la suspensión de la cautelar cuestionada. A su entender, lo que está en juego no es solo su situación personal, sino el funcionamiento regular del Poder Judicial y la vigencia del sistema republicano en la provincia.

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