6 de febrero de 2026
REGIONALES
Nación actualizó el canon petrolero y habrá impacto directo en la Patagonia
El Gobierno nacional autorizó una fuerte suba de las indemnizaciones por servidumbres petroleras, con aumentos que van del 60% al 90% y rigen con efecto retroactivo desde agosto de 2025. La medida alcanza a las principales cuencas hidrocarburíferas de la región y responde a un reclamo histórico de los dueños de tierras
El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los valores que pagan las empresas petroleras a los propietarios de los campos donde se desarrollan actividades hidrocarburíferas, una decisión que tendrá un impacto significativo en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La medida fue instrumentada mediante resoluciones conjuntas de las secretarías de Energía y de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, y establece incrementos retroactivos al 1° de agosto de 2025 en las indemnizaciones por servidumbres, daños y perjuicios, y gastos de control y vigilancia.
La actualización surge a partir de un pedido formal presentado el 1 de agosto de 2025 por la Asociación Argentina de Propietarios y Superficiarios Afectados por la Explotación Hidrocarburífera, Minera y Eléctrica (AASEP) y se encuadra en el régimen previsto por la Ley 17.319 y sus decretos reglamentarios. Se trata de un sistema administrativo y optativo de compensaciones que busca resarcir a los dueños de las tierras por el uso de la superficie, la afectación directa del suelo y la imposibilidad de desarrollar otras actividades productivas debido a la presencia de pozos, caminos, ductos, líneas eléctricas e instalaciones petroleras.
En el caso de Neuquén y Río Negro, la medida impacta de lleno en la cuenca Neuquina, donde la actividad hidrocarburífera convive con la producción ganadera y, en algunas zonas, con áreas bajo riego de alto valor productivo. La normativa distingue entre tierras de secano y tierras bajo riego: en estas últimas, los valores resarcitorios se calculan mediante cuentas culturales específicas debido a la intensidad de la explotación; mientras que en las tierras de secano las indemnizaciones se actualizan en función de índices vinculados a los precios de la lana, la carne vacuna y el gasoil.
Para Chubut y Santa Cruz, la actualización alcanza a las cuencas del Golfo San Jorge y Austral, históricamente atravesadas por la actividad petrolera. En estas provincias, donde la explotación energética comparte el territorio con la ganadería ovina y bovina, los aumentos representan una recomposición largamente reclamada por los superficiarios. Según lo dispuesto, las indemnizaciones por servidumbres y daños y perjuicios registran subas del 60,71% en las zonas de estepa y valles del norte de Santa Cruz y de Chubut, mientras que en el sur santacruceño y en áreas de mayor complejidad productiva los incrementos alcanzan el 90,36%.
En paralelo, también se actualizaron los gastos de control y vigilancia, que compensan los costos adicionales que deben afrontar los productores para supervisar la actividad petrolera en sus campos. En Neuquén y Río Negro, así como en Chubut y Santa Cruz, estas partidas se ajustan tomando como referencia el precio del gasoil y presentan aumentos que oscilan entre el 24% y más del 50%, según la zona y el tipo de tierra.
El nuevo esquema se apoya en la variación de precios registrada hasta el 31 de julio de 2025 y se suma a la fuerte recomposición aplicada a fines de 2024, cuando se autorizaron incrementos excepcionales para corregir un atraso acumulado durante varios años. A diferencia de aquel ajuste extraordinario, la suba actual se inscribe dentro del mecanismo anual de actualización previsto por la legislación vigente, tras la modificación introducida por la Ley Bases.
Desde la AASEP vienen señalando que, en provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, los valores anteriores habían quedado ampliamente desfasados frente al aumento sostenido de la lana, la carne y el combustible, lo que licuaba las compensaciones y afectaba la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. En ese contexto, la actualización es vista como un alivio económico para los propietarios de tierras, aunque también reaviva el debate sobre el equilibrio entre la renta petrolera, el uso del territorio y el desarrollo de las economías regionales en la Patagonia.
El Gobierno notificó formalmente la medida a las provincias involucradas y aclaró que la actualización no afecta contratos vigentes ni relaciones jurídicas preexistentes, reafirmando el carácter optativo del régimen administrativo de indemnizaciones.