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Redacción
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Chubut modifica las condiciones para acceder a una vivienda del IPV
El Instituto Provincial de la Vivienda puso en marcha un nuevo reglamento que unifica criterios y suma exigencias financieras y cívicas. Habrá controles de antecedentes, análisis crediticio y la figura del codeudor. No hace falta reinscribirse, pero sí actualizar la carpeta
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Chubut dio un giro en su política de adjudicación de casas. Con la Resolución 039/2026, el organismo dejó atrás un esquema centrado exclusivamente en la asistencia social y avanzó hacia un sistema más estricto, basado en la responsabilidad económica y el cumplimiento de obligaciones.
El nuevo reglamento no elimina el sistema anterior, pero incorpora requisitos que cambian el perfil del adjudicatario. Desde el Gobierno provincial explican que el objetivo es mejorar el recupero de las cuotas y garantizar que los fondos vuelvan al sistema para financiar nuevas viviendas.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación obligatoria de un codeudor. Se trata de una figura habitual en alquileres o créditos bancarios, pero inédita hasta ahora en la vivienda social chubutense. La medida apunta a asegurar el pago regular de las cuotas.
Además, el IPV comenzará a exigir antecedentes penales y un análisis del historial crediticio de los postulantes. Tener deudas impagas o un mal comportamiento financiero puede convertirse en un obstáculo para acceder a una casa. A esto se suma el control del Registro de Deudores Alimentarios: quienes figuren como morosos quedarán automáticamente excluidos.
Desde el organismo explicaron que la idea es reforzar la noción de compromiso. La vivienda sigue siendo un derecho, pero también una responsabilidad. El pago de cada cuota, remarcan, permite que otras familias puedan acceder a su casa propia.
En cuanto a los ingresos, no se fijó un piso mínimo para anotarse, siempre que se cumplan los tres años de residencia en la provincia. Sin embargo, al momento de la adjudicación sí se evaluará la capacidad real de pago: la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos del grupo familiar. El tope máximo para ingresar al sistema es de 16 salarios mínimos.
Otro punto clave es el sistema de puntajes. Desde el IPV aclararon que no se define solo por la urgencia económica. Se ponderan múltiples variables, como la antigüedad en el padrón, la composición del grupo familiar, situaciones de discapacidad y hasta el nivel educativo alcanzado.
En recientes adjudicaciones, como en Dolavon, se priorizó a quienes tenían mayor puntaje acumulado, incluso por encima de inscriptos más nuevos con situaciones similares. También se mantienen los cupos ya establecidos por normativa nacional, como los destinados a personas mayores y a población trans, y se incorpora la obligación de diseñar viviendas accesibles desde el proyecto.
Para quienes ya están anotados, no será necesario volver a empadronarse. Sin embargo, el IPV advirtió que es clave mantener la carpeta actualizada. Cambios en ingresos, domicilio o composición familiar deben informarse para no perder puntaje.
Finalmente, el organismo recordó que, una vez publicados los listados de preadjudicatarios, hay solo cinco días hábiles para presentar impugnaciones. Pasado ese plazo, el orden de mérito queda firme.
Con estas modificaciones, el IPV avanza hacia un modelo más técnico y exigente. La casa propia sigue siendo un objetivo central, pero en 2026 el acceso estará atado, más que nunca, a la capacidad de cumplir.