El debate por la coparticipación en Santa Cruz: todos piden, ninguno cede
La discusión por la distribución de recursos hacia los municipios se vuelve a reavivar entre recortes, ajustes y un proyecto que apunta a establecer un nuevo esquema de reparto
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La discusión por la coparticipación provincial en Santa Cruz no es nueva ni circunstancial. Desde hace años, la distribución de recursos entre la provincia, los municipios y las comisiones de fomento aparece de manera recurrente en la agenda política, atravesada por reclamos de inequidad, tensiones institucionales y diagnósticos contrapuestos sobre el desarrollo territorial.
Intendentes de distintos signos políticos, legisladores y en el Gobierno Provincial coinciden, al menos en el discurso, en que el esquema vigente arrastra problemas estructurales, pero hasta ahora no se logró avanzar en una reforma integral que salde esas diferencias. En contextos de bonanza, el debate quedó parcialmente disimulado por la disponibilidad de fondos; en escenarios de ajuste, como el actual, volvió a ocupar un lugar central.
La discusión se reactivó con fuerza en los últimos años, primero por el impacto de la inflación y luego por la retracción de recursos nacionales, que puso en evidencia los límites del sistema para sostener el funcionamiento cotidiano de los gobiernos locales.
En ese marco se inscribe el análisis de la coparticipación durante 2025, un año que dejó cifras en alza en términos nominales, pero resultados mucho más modestos cuando se observa el impacto real de esos recursos.
Según datos oficiales del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, el total transferido a municipios y comisiones de fomento alcanzó los 225.358 millones de pesos, frente a los 170.509 millones registrados en 2024, lo que representó un incremento nominal del 32%. Sin embargo, la inflación anual del 31,5% prácticamente absorbió esa suba, dejando un crecimiento real apenas superior al 0,5%.
En términos concretos, el volumen de fondos permitió sostener el nivel de gasto, pero no mejorar sustancialmente la capacidad financiera de los municipios. Actualizados por inflación, los recursos de 2024 equivaldrían en 2025 a unos 224.300 millones de pesos, apenas por debajo de lo efectivamente transferido.
El dato expone con claridad una de las principales críticas al sistema: los aumentos nominales ya no alcanzan para recomponer el poder de compra de los gobiernos locales en un contexto de precios en alza y mayores demandas sociales.
La distribución de esos fondos volvió a mostrar diferencias marcadas entre localidades. Las Heras encabezó los incrementos nominales entre los municipios de mayor tamaño, con una suba del 41%, al pasar de 11.805 millones de pesos en 2024 a 16.721 millones en 2025. El Calafate registró un aumento similar, del 40%, con transferencias que crecieron de 11.157 millones a 15.684 millones.
Ambos casos fueron destacados por el oficialismo provincial como ejemplos de una distribución que atiende las necesidades de ciudades con fuerte crecimiento y alta demanda de servicios. Río Gallegos, que concentra el mayor volumen de coparticipación, recibió 65.105 millones de pesos en 2025, un 29% más que los 50.494 millones del año anterior. Pico Truncado y Puerto Deseado mostraron subas similares, del 29% y 28% respectivamente, en línea con el promedio general.
El contraste más evidente apareció en Caleta Olivia, segunda ciudad en volumen de coparticipación, que registró una suba nominal de apenas el 19%, muy por debajo del promedio provincial y claramente por debajo de la inflación anual.
En términos reales, esto implicó una pérdida de recursos, reforzando los reclamos históricos del municipio por una revisión del esquema de reparto. En el otro extremo, comisiones de fomento como Koluel Kaike y Lago Posadas exhibieron aumentos porcentuales elevados, incluso superiores al 100%, aunque sobre bases presupuestarias reducidas que no alteran sustancialmente su situación estructural.
El escenario de 2025 estuvo además condicionado por la caída real de los recursos nacionales. Informes del Instituto Argentino de Análisis Fiscal advirtieron que durante parte del año las provincias, incluida Santa Cruz, sufrieron una merma real en la coparticipación federal, producto del ajuste del gasto público y la desaceleración económica. Esa restricción se trasladó a las finanzas provinciales y, en cascada, a los municipios, profundizando las tensiones políticas y fiscales.
Así, la coparticipación volvió a convertirse en uno de los ejes más sensibles de la política santacruceña. Los números de 2025 confirman que el debate no se agota en el volumen de fondos transferidos, sino en cómo se distribuyen y en qué medida el sistema vigente es capaz de responder a las necesidades reales de cada localidad.
Con un escenario económico aún incierto y proyecciones ajustadas para 2026, la discusión por una eventual reforma del esquema de coparticipación vuelve a instalarse como un tema estructural, postergado durante años y cada vez más difícil de eludir.
El agraviante de una recaudación que no repunta
La caída real de la recaudación provincial condicionó la coparticipación durante 2025. Santa Cruz registró ingresos por más de 35 mil millones de pesos, con una suba interanual del 22%, nueve puntos por debajo de la inflación, que fue del 31%.
Dicha pérdida de poder adquisitivo redujo el margen del Ejecutivo para transferir fondos y profundizó las tensiones con los municipios, especialmente en un contexto de alta dependencia de la coparticipación para sostener gastos básicos de caja, especialmente los salarios.
La mirada desde el oficialismo provincial: la prioridad de lograr un orden fiscal para tener las cuentas claras
Desde el Ejecutivo Provincial, la discusión sobre la coparticipación se plantea en términos de responsabilidad fiscal y equidad territorial. Desde el gobierno de Claudio Vidal sostienen que, pese al contexto económico adverso, Santa Cruz cumplió con el envío de fondos a los municipios. Funcionarios del gabinete provincial insisten en que no existe retención discrecional de recursos y que el reparto se realiza conforme a la normativa vigente. El Ejecutivo también pone el foco en la caída real de los recursos provenientes de Nación y advierte que Santa Cruz perdió puntos clave de ingresos por coparticipación federal durante 2025. Frente a ese escenario, la provincia sostiene que debe administrar con mayor rigor y exigir a los municipios el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en materia previsional y de servicios sociales.
Asimismo, afirmaron que el esquema actual está agotado y que responde a una realidad provincial que ya no existe. La propuesta de avanzar hacia nuevos criterios de distribución, como el Índice de Desarrollo Municipal, busca, según el gobierno, corregir desequilibrios históricos y garantizar que los recursos lleguen donde más se necesitan. Para el Ejecutivo, la discusión no es ideológica sino estructural. “Con menos recursos nacionales, no se puede seguir haciendo lo mismo”, comentan desde Casa de Gobierno.
La postura opositora: el peronismo cuestiona el modelo fiscal del Gobierno Provincial
Desde la oposición K, el debate por la coparticipación provincial se inscribe en un diagnóstico mucho más crítico sobre el rumbo económico y político de Santa Cruz. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, sostuvo ante La Tecla Patagonia que la caída de los recursos no puede explicarse únicamente por la baja de la coparticipación nacional, sino también por la ausencia de políticas provinciales.
Grasso afirmó que los ingresos reales de la provincia hoy se encuentran en niveles similares a los del comienzo de la gestión, con regalías petroleras que calificó como “las peores de la historia”. En ese marco, apuntó tanto al gobierno nacional como al provincial por decisiones que, según su visión, derivaron en desinversión,
Uno de los puntos más duros de su planteo estuvo vinculado a la distribución de fondos discrecionales. Grasso denunció que durante los últimos dos años el gobierno provincial distribuyó alrededor de 20.000 millones de pesos entre municipios, excluyendo a Río Gallegos, que, según aseguró, no recibió “ni un solo centavo” de asistencia extraordinaria, una situación que definió como inédita en la historia reciente.
En la misma línea se expresó el diputado provincial de Unión por la Patria, Carlos Godoy, que en intercambio con LTP cuestionó la falta de definiciones del Ejecutivo sobre prioridades presupuestarias y alertó sobre una provincia endeudada.
Respecto al proyecto del Índice de Desarrollo Municipal, Godoy advirtió que su aplicación podría profundizar las brechas entre localidades, ya que muchos municipios carecen de capacidad real de recaudación. Desde su perspectiva, la solución debería pasar por aumentar el porcentaje global de fondos coparticipables y distribuirlos de manera equitativa entre todas las localidades, sin discriminación política.
Lo que se viene en la Legislatura: la iniciativa que busca poner pilares para una nueva coparticipación
En paralelo al debate por la distribución actual de recursos, el oficialismo en la Legislatura impulsa un proyecto que busca sentar las bases para una futura reforma del esquema de coparticipación. La iniciativa, presentada por la diputada Fabiola Loreiro, propone la creación de un Índice de Desarrollo Municipal (IDM) como herramienta técnica para medir de manera objetiva la situación de cada municipio y comisión de fomento antes de avanzar en cambios en el reparto de fondos. Según explicó Loreiro a La Tecla Patagonia, el debate “ya está instalado en la Legislatura”, pero advirtió que no puede resolverse únicamente a partir de una modificación legal.
“Tiene que ser una mesa de trabajo, de diálogo y de consenso con los intendentes”, sostuvo, al señalar que la discusión debe abarcar tanto la coparticipación primaria como la secundaria, dos niveles que suelen concentrar reclamos de los gobiernos locales.
La legisladora señaló que cualquier cambio debe ir acompañado de “una responsabilidad en el uso de esos fondos coparticipables”. Asimismo, la diputada indicó que el IDM surge como una herramienta necesaria para evaluar el desempeño y la evolución de los municipios.
“Es para ver el avance o retroceso de las localidades, en qué se puede trabajar, cómo aumenta o no aumenta la planta municipal”, explicó, y subrayó que son múltiples los factores que inciden en la discusión de la coparticipación.
