16 de febrero de 2026
INVERSTIGADOS
La fiscalía le formulará cargos al intendente de Campo Grande e inicia la parte penal
La audiencia se realizará el 23 de febrero en Cipolletti e incluye a concejales y a una particular por presunta administración fraudulenta vinculada a la compra directa de un terreno para una escuela. Días atrás, la Justicia civil avaló la ordenanza que habilitó la operación
La Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos avanzará el próximo 23 de febrero con la formulación de cargos contra el intendente en funciones de Campo Grande, Daniel Hernández, además de concejales y una particular, en el marco de una causa por presunta administración fraudulenta. La audiencia, que marca el inicio formal de la investigación penal, se llevará a cabo en el Foro Penal de Cipolletti.
El expediente está a cargo del fiscal Gustavo Herrera, quien incorporó al legajo documentación administrativa del municipio, actuaciones del Concejo Deliberante y antecedentes de la operación inmobiliaria cuestionada. De manera provisoria, el Ministerio Público Fiscal encuadró los hechos como defraudación contra la administración pública agravada por la participación de funcionarios, una calificación que será revisada a lo largo del proceso judicial.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada a fines de septiembre de 2024 por el concejal Patricio Alejandro Ñewin, integrante del bloque Primero Río Negro, luego de que no prosperaran los planteos realizados dentro del ámbito institucional del Concejo. El cuestionamiento no apuntó al destino del terreno, previsto para la construcción de una escuela en la zona de San Isidro, sino al procedimiento de compra, que habría sido directo, sin licitación, por un monto de 204 millones de pesos.
De acuerdo con los denunciantes, la operación se habría aprobado sin reunir la mayoría necesaria del cuerpo deliberativo y sin el conocimiento pleno del resto de los ediles. También se mencionaron presuntas inconsistencias en la identificación catastral, dudas sobre la titularidad de los lotes, la falta de servicios básicos al momento de la adquisición y un precio que, según indicaron, no se correspondería con valores de mercado.
En paralelo al avance penal, la controversia tuvo un reciente antecedente en la vía civil. El martes pasado se conoció un fallo firmado por la jueza María Adela Fernández, que rechazó la demanda impulsada por concejales para anular la ordenanza que autorizó la compra del terreno. En su resolución, la magistrada sostuvo que el acto administrativo ya había producido efectos jurídicos y que no correspondía dejarlo sin efecto, al considerar que había generado derechos en terceros.
Desde el ámbito judicial se remarcó que la formulación de cargos no implica una condena, sino la apertura formal de la investigación penal bajo el control de un juez de garantías. En esa instancia se delimitarán los hechos atribuidos y el grado de participación de cada una de las personas involucradas, mientras el expediente continúa su curso de manera independiente a lo resuelto en el fuero civil.