21 de febrero de 2026
RIO NEGRO
El Ejecutivo provincial defiende auditorías médicas y crece la tensión con los gremios
El Ejecutivo aseguró que el sistema permitió ahorrar más de $20.000 millones y reducir el ausentismo, pero sindicatos y oposición denuncian persecución y cuestionan la intervención de empresas privadas
En medio de un conflicto cada vez más tenso con los gremios estatales, el Gobierno de Río Negro salió a respaldar el sistema de auditorías médicas implementado en la administración pública, al destacar que permitió un ahorro superior a los 20.000 millones de pesos y una caída en los niveles de ausentismo laboral. La difusión de estos datos, sin embargo, generó un nuevo foco de conflicto con sindicatos como ASSPUR, UPCN y UnTER, que interpretaron el comunicado como una provocación en el marco de las protestas contra la reforma laboral impulsada por la gestión provincial.
Desde el Ejecutivo que encabeza Alberto Weretilneck sostuvieron que la implementación del sistema respondió a la detección previa de irregularidades en el otorgamiento de licencias. Según indicaron, se identificaron certificados médicos falsos y prácticas indebidas, como profesionales que llegaron a emitir hasta 2.000 días de licencia. Esa situación derivó en denuncias penales y sumarios administrativos, lo que motivó la puesta en marcha de un esquema de control más estricto.
El Gobierno remarcó que el objetivo fue “ordenar” el sistema y evitar abusos que, aseguran, afectaban tanto a las cuentas públicas como a los trabajadores que cumplen con sus funciones. En ese sentido, defendieron que la auditoría médica no cuestiona enfermedades, sino que ajusta los días de reposo a criterios clínicos razonables.
Los números oficiales muestran que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 se solicitaron más de 608.000 días de licencia, de los cuales cerca del 45% fueron rechazados por presentar inconsistencias o no cumplir con los criterios establecidos. Según la administración provincial, este control permitió además una caída significativa en la cantidad de días pedidos, con una baja notable en octubre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior.
Sin embargo, la postura oficial fue duramente cuestionada por los gremios. Desde UPCN denunciaron que el sistema funciona como un mecanismo de control punitivo y criticaron la contratación de empresas privadas para auditar las licencias, al considerar que se deslegitima la palabra de los médicos tratantes. En la misma línea, UnTER expresó su rechazo a que estas firmas tengan la facultad de reducir o directamente rechazar certificados médicos.
El conflicto también tiene un componente salarial: los sindicatos vienen de rechazar la última oferta paritaria por considerarla insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo. En ese contexto, el sistema de auditorías sumó un nuevo punto de fricción en la relación con el Ejecutivo.
A las críticas gremiales se sumó la oposición política, especialmente desde sectores peronistas, que pidieron informes sobre la contratación de la firma Dienst Consulting y cuestionaron lo que consideran una privatización del control del ausentismo en el Estado.
Pese a las objeciones, el Gobierno insiste en que el sistema generó un “cambio cultural” en la administración pública. Según explicaron, áreas clave como Educación, Salud y la Policía concentraron la mayor parte del ahorro, debido al impacto económico que generan las licencias en sectores con alta dotación de personal.
Además, destacaron que por primera vez se logró construir un mapa sanitario del empleo público, identificando las principales causas de ausentismo. Entre ellas, predominan enfermedades respiratorias, cuadros gastrointestinales y afecciones musculares como lumbalgias, estas últimas con mayor cantidad de días de reposo.
Mientras el Ejecutivo defiende la iniciativa como una herramienta de eficiencia y control, los gremios la ven como un avance sobre los derechos laborales. En ese cruce de posturas, el conflicto parece lejos de encontrar un punto de equilibrio.