27 de febrero de 2026
CAUSA YPF
EE.UU. respalda a la Argentina y rechaza el pedido de sanciones por desacato
El Departamento de Justicia se presentó ante la jueza Loretta Preska y advirtió que aplicar multas al país podría afectar la reciprocidad judicial y las relaciones exteriores
En un movimiento de fuerte impacto institucional, el gobierno de los Estados Unidos intervino en el litigio que enfrenta la Argentina por la expropiación de YPF y expresó su oposición al pedido de los fondos demandantes para que el país sea declarado en desacato y sancionado económicamente.
La presentación fue realizada ante el tribunal de la jueza Loretta Preska, quien tiene a su cargo la ejecución del fallo que condenó a la Argentina a pagar U$D16.100 millones. En un escrito de 29 páginas, el Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que los litigios contra Estados soberanos en tribunales norteamericanos pueden tener consecuencias directas en la política exterior y en el trato recíproco que Estados Unidos recibe en cortes de otros países.
El documento advierte que avanzar con sanciones, como multas o medidas de preclusión, no se ajustaría a los principios de cortesía internacional ni al marco de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). También remarca que ciertos requerimientos de información, como comunicaciones de altos funcionarios vinculadas a entidades estatales, pueden entrar en tensión con estándares básicos de reciprocidad diplomática.
Desde la Procuración del Tesoro destacaron que la intervención no fue un “amicus curiae”, sino una manifestación espontánea de interés por parte del Departamento de Justicia, y consideraron que refuerza la solidez jurídica de la estrategia argentina basada en principios de derecho internacional e inmunidad soberana.
El eje de la disputa actual está centrado en la etapa de “discovery”, es decir, el intercambio de pruebas. Los beneficiarios del fallo, encabezados por el fondo Burford Capital, sostienen que la Argentina incumplió órdenes judiciales al no entregar determinada documentación, incluyendo supuestas comunicaciones privadas de funcionarios y detalles sobre activos que podrían ser embargados.
En ese marco, los demandantes solicitaron que se declare al país en desacato y que se le imponga una multa de un millón de dólares por día hasta que cumpla con los requerimientos. Además, pidieron que el tribunal considere que entidades como el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF funcionan como “alter ego” del Estado, lo que abriría la puerta a eventuales embargos sobre sus activos.
La defensa argentina rechazó esas acusaciones y afirmó que ha actuado de buena fe durante más de dos años, período en el cual se habrían entregado más de 115.000 páginas de documentación. También sostuvo que existen límites constitucionales y legales que impiden divulgar determinada información sensible, en especial la vinculada a activos protegidos por inmunidad soberana, como las reservas de oro del Banco Central.
En relación con ese punto, el Gobierno reiteró ante la justicia de Nueva York que el BCRA es una entidad autárquica e independiente, y que el Tesoro no dispone de información detallada sobre la ubicación de sus tenencias de oro. La posición oficial es que revelar esos datos podría comprometer la estabilidad financiera y la política monetaria.
Mientras la jueza Preska debe resolver si hace lugar o no al pedido de sanciones, la Argentina continúa apelando decisiones vinculadas al alcance del discovery ante la Cámara del Segundo Circuito. En ese escenario, el respaldo de Washington introduce un elemento político y jurídico relevante en una causa que sigue teniendo implicancias millonarias para el país y alto impacto en el plano internacional.