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Lunes, 9 marzo 2026
Argentina
9 de marzo de 2026
NUEVA ESTRUCTURA

Río Negro oficializó cambios en la Ley de Ministerios y redefinió el gabinete

La norma promulgada por el Ejecutivo actualiza la organización del gobierno provincial, mantiene nueve ministerios y establece tres secretarías de Estado con rango ministerial que dependen directamente del gobernador

Río Negro oficializó cambios en la Ley de Ministerios y redefinió el gabinete
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La provincia de Río Negro oficializó una reforma en la Ley de Ministerios que redefine la estructura del gabinete provincial y reorganiza competencias dentro del Poder Ejecutivo. La medida quedó formalizada con la promulgación de la Ley Nº 5847, publicada este 9 de marzo en el Boletín Oficial.

La norma fue promulgada mediante el Decreto 167/26 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y establece modificaciones a la Ley Nº 5735, que regula el funcionamiento de los ministerios y secretarías del Ejecutivo provincial.

Con los cambios, el despacho de los asuntos de la provincia continuará a cargo de nueve ministerios: Gobierno y Trabajo; Seguridad y Justicia; Hacienda; Obras y Servicios Públicos; Educación y Derechos Humanos; Desarrollo Humano; Salud; Desarrollo Económico y Productivo; y Modernización.

Además, la ley confirma que funcionarán con dependencia directa del gobernador tres secretarías de Estado con rango y jerarquía ministerial: la Secretaría General, la Secretaría de Energía y Ambiente y la Secretaría de Juventud, Deporte y Cultura.

Uno de los aspectos centrales de la reforma es la actualización de competencias de distintas áreas del gobierno provincial. En ese marco, se redefinen las funciones de carteras clave como Hacienda, Desarrollo Humano, Desarrollo Económico y Productivo y Modernización, incorporando nuevas responsabilidades vinculadas a la gestión pública, el desarrollo productivo, la inclusión social y la innovación tecnológica.

En el caso del Ministerio de Gobierno y Trabajo, la norma establece que tendrá a su cargo las relaciones institucionales con municipios, comisiones de fomento, el Gobierno nacional y otras provincias, además de intervenir en el régimen electoral, el funcionamiento de los partidos políticos y las políticas laborales a través de la Secretaría de Trabajo.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda concentrará la administración financiera del sector público provincial, incluyendo la gestión presupuestaria, el crédito público y la coordinación de la política tributaria a través de la Agencia de Recaudación Tributaria.

En materia social, el Ministerio de Desarrollo Humano tendrá entre sus competencias la planificación e implementación de políticas públicas orientadas a la protección y promoción de derechos de sectores vulnerables, incluyendo niñez, personas con discapacidad, adultos mayores y víctimas de violencia por razones de género.

La reforma también otorga un rol relevante al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que concentrará políticas vinculadas al impulso de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras e industriales, además de la promoción de las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo rural.

Otra de las áreas con cambios es el Ministerio de Modernización, que tendrá a su cargo la transformación digital del Estado, la planificación estratégica provincial y la coordinación del sistema de innovación, ciencia y tecnología, además de supervisar organismos tecnológicos como INVAP y ALTEC.

En paralelo, la Secretaría de Energía y Ambiente concentrará la política provincial en materia energética, hidrocarburífera, minera y ambiental, incluyendo la fiscalización de áreas de explotación y la planificación de proyectos vinculados a energías renovables y nuevos vectores energéticos como el hidrógeno.

La norma también establece que la actual Secretaría de Estado de Planificación y Asuntos Estratégicos será absorbida por el Ministerio de Modernización, que asumirá sus competencias y funciones dentro de la nueva estructura.

Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a reorganizar organismos, servicios, personal y partidas presupuestarias para poner en funcionamiento la nueva estructura administrativa, de acuerdo con las competencias asignadas a cada área.

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