11 de marzo de 2026
REGIONALES
Ley de Glaciares: ante la masiva inscripción a la audiencia, piden ampliar las jornadas
Más de 18 mil personas se anotaron para participar de la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados y legisladores de la oposición presionan para que se amplíen las jornadas
La reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional enfrenta un nuevo revés en su apresurado avance: ante la masiva inscripción de casi 18.000 personas interesadas en participar de la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados (prevista solo para los días 25 y 26 de marzo), legisladores de la oposición exigen ampliar las jornadas para no convertir este espacio en una mera formalidad.
El pedido, formalizado mediante una nota firmada por los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), va dirigido al presidente de la Cámara, Martín Menem, y a los titulares de las comisiones involucradas. Argumentan que el formato actual, dos jornadas de nueve horas con exposiciones de apenas cinco minutos, permitiría intervenir a lo sumo a unos 216 expositores, una fracción ínfima de los inscriptos.
Esta avalancha de participación ciudadana evidencia el enorme rechazo social y científico que genera la modificación a la Ley 26.639, promovida desde el Ejecutivo de Javier Milei con el claro objetivo de flexibilizar la protección del ambiente periglacial y habilitar la explotación minera en zonas hoy blindadas.
El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado (con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención), introduce una distinción conveniente entre “formas periglaciares” que supuestamente cumplen funciones hídricas estratégicas y otras que, según la visión oficial, no las tendrían, abriendo así la puerta a actividades extractivistas e industriales en áreas sensibles.
Lejos de ser un “ordenamiento normativo” o un ejercicio de “federalismo ambiental” como lo presenta el Gobierno, la reforma representa un retroceso ambiental regresivo que pone en riesgo las reservas hídricas clave para millones de argentinos, priorizando intereses mineros por sobre la protección del agua en un contexto de crisis climática. Organizaciones ambientalistas, expertos y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema han advertido que esta iniciativa vulnera principios constitucionales, el Acuerdo de Escazú y estándares de participación ciudadana efectiva.
Los diputados opositores subrayan que limitar la voz de miles de inscriptos, que representan sectores sociales, académicos, científicos, productivos y territoriales, no solo restringe un derecho fundamental, sino que empobrece la deliberación democrática y aumenta el riesgo de judicialización futura.
Como antecedente válido recuerdan el tratamiento de la ley de aborto en 2018, con 15 audiencias públicas, más de 100 horas de debate y 738 expositores.
En síntesis, la masiva respuesta ciudadana está obligando a repensar un trámite que el oficialismo pretendía resolver con celeridad para beneficiar proyectos extractivos. Si el Gobierno insiste en una audiencia simbólica y restringida, confirmará que su prioridad no es el equilibrio entre desarrollo y ambiente, sino entregar recursos estratégicos al saqueo minero a costa del agua y los ecosistemas.sa.