11 de marzo de 2026
RIO NEGRO
Impulsan un proyecto para frenar la minería en las nacientes del río Chubut
La iniciativa busca anular permisos otorgados a una empresa para explorar oro y plata en la zona cordillerana. La autora del proyecto advirtió que la actividad es incompatible con la emergencia hídrica vigente en la provincia
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone frenar el avance de un emprendimiento minero en las nacientes del Río Chubut, en el marco de la emergencia hídrica que atraviesa la provincia.
La iniciativa fue impulsado por la legisladora María Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, y plantea derogar los actos administrativos que autorizaron tareas de cateo, exploración y eventual explotación de minerales de primera categoría, como oro y plata, otorgados a la empresa Tamar Mining S.A..
Según el proyecto, permitir actividades mineras en esa zona resulta incompatible con la situación de emergencia hídrica vigente en la provincia, especialmente en un contexto de sequía prolongada y déficit de precipitaciones.
Entre los argumentos, Odarda advirtió que la minería metalífera de gran escala requiere grandes volúmenes de agua. En ese sentido, señaló que la obtención de un solo gramo de oro puede demandar hasta mil litros del recurso, lo que podría agravar la situación ambiental en una región afectada por la escasez hídrica.
La iniciativa también cita el Decreto Provincial 40/2026, que declaró la emergencia hídrica y estableció como uso prioritario del agua el destinado al consumo humano, el saneamiento básico, la salud pública, la seguridad y la protección civil, por encima de cualquier otra actividad.
Ese decreto se fundamenta en un escenario climático adverso registrado durante 2025, marcado por un importante déficit de precipitaciones respecto de los promedios históricos, lo que generó preocupación por la disponibilidad de agua en distintas regiones de la provincia.
Además del impacto ambiental potencial, el proyecto advierte que la habilitación de tareas mineras podría afectar unas 10.000 hectáreas consideradas área glaciaria en la zona cordillerana.
El texto también señala que no se habría cumplido con el procedimiento de consulta libre, previa e informada establecido en la Ley Provincial 5755, normativa que protege los derechos de las comunidades indígenas frente a proyectos que puedan afectar sus territorios.