El intendente Walter Cortés envió al Concejo un proyecto de ordenanza que incluye un pliego de licitación para una obra en el vertedero municipal, considerado uno de los más contaminantes de la región. Desde la oposición cuestionan que el proyecto viola la legislación y carece de licencia social

El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, envió a mediados de marzo al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que promete dar solución a un problema de gran magnitud que afecta desde hace décadas a la ciudad cordillerana: el vertedero donde se depositan los residuos sólidos urbanos. Sin embargo, la iniciativa no cuenta con licencia social ni con el respaldo de los concejales de la oposición, que se negaron a darle un tratamiento exprés y forzaron al oficialismo a dar marcha atrás.

El basural de Bariloche es considerado uno de los más contaminantes de la región. El Proyecto N° 514/25, que lleva la firma de Cortés, busca “prestar acuerdo para el llamado a licitación para la construcción de módulos de relleno sanitario y prestación del servicio de operación. Mantenimiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos”. La propuesta consiste en reemplazar el actual método de disposición a cielo abierto por un sistema de relleno sanitario impermeabilizado. La propuesta contempla clausurar progresivamente el vertedero existente mientras se construyen las nuevas celdas.

La empresa que presente la mejor propuesta deberá construir módulos con una superficie mínima de 28.000 metros cuadrados, impermeabilizados, con un sistema de celdas que cuenten con tecnología para la captación y tratamiento de lixiviados, además del venteo de gases.

La iniciativa requiere un presupuesto oficial superior a los 43 mil millones de pesos (montos calculados en noviembre de 2025), divididos en dos partes: 3.565 millones de pesos para la obra de construcción de los módulos y 39.925 millones de pesos para el servicio de gestión integral de residuos durante los 10 años que dure la concesión.

El proyecto enviado por el intendente incluye los pliegos para la licitación pública, que abarcan tanto la construcción de los módulos como la prestación del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Este último punto generó una fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición, precisamente respecto de la mayoría de votos necesaria para aprobar la iniciativa.

El oficialismo, representado Gerardo Del Río (PUL), sostiene que la Carta Orgánica Municipal (COM), en su artículo 38 inciso 23, establece que la aprobación de las licitaciones públicas requiere solo mayoría simple (6 votos), ya que el Concejo debe prestar acuerdo a los pliegos sin exigir una mayoría agravada.

Por el contrario, desde la oposición, las concejalas Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) argumentaron que el pliego no se limita a la construcción de infraestructura, sino que incluye también la operación, el mantenimiento, el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Según su interpretación, esto configura una concesión de servicio público esencial. Por lo tanto, el proyecto requeriría -de acuerdo con la COM- la realización de una audiencia pública previa, una mayoría agravada de dos tercios de los miembros del Concejo y doble lectura legislativa.

La oposición también se manifestó en contra del proyecto de Cortés por considerar que no aporta una solución integral al problema de la basura y recordó que el municipio ya se encuentra en una situación de incumplimiento puesto que

Una sesión caliente

El jueves 26 de marzo estaba prevista la sesión en el Concejo para votar el proyecto de Cortés sobre el vertedero. Sin embargo, la jornada se desarrolló en un clima de alta tensión que incluyó agresiones de referentes oficialistas contra vecinos y manifestantes críticos con la iniciativa.

El episodio tuvo como telón de fondo un antecedente reciente y grave. Durante la apertura de sesiones ordinarias, el 2 de marzo, se registraron hechos de violencia que derivaron en una denuncia penal contra el chofer y colaborador del intendente, Milton César Catrigual Guerrero. El funcionario le propinó un golpe de puño en la cara a un vecino, hecho que fue filmado y se viralizó en redes sociales.

En ese contexto de malestar, el referente Lihué Bariggi utilizó la banca del vecino para exponer su fuerte crítica al proyecto y denunció que sufrió agresiones antes de ingresar al recinto. Tras un extenso cuarto intermedio, el debate se centró en las dudas que genera la iniciativa, que contempla otorgar por diez años la concesión de un servicio millonario a una empresa privada.

Concejales de la oposición expresaron su rechazo al proyecto y solicitaron su envío nuevamente a comisión para hacer un análisis más exhaustivo del mismo, ya que sólo se había discutido durante dos horas en la Comisión de Gobierno y Legales. El oficialismo accedió, luego de dos extensos cuartos intermedios, tras corroborar que no contaba con los votos necesarios para proceder a la votación.

En los días siguientes, la gestión de Cortés buscó a toda velocidad construir consenso. Durante la última semana de marzo -acortada por los feriados de Semana Santa-, convocó a dos reuniones de la Comisión de Gobierno y Legales. Allí reformuló la ordenanza original incorporando “aportes” de algunos bloques. Según contó el asesor legal de Cortés, Martín Domínguez a La Tecla Patagonia, algunos concejales se acercaron de forma voluntaria tras la primera reunión del lunes.

En la segunda reunión, realizada el martes, el oficialismo consiguió un dictamen favorable –con votos de Gerardo Del Río, Tomás Hercigonja y Mari Coronado (PUL)- para tratar el proyecto en la próxima sesión. Por su parte, Costa Brutten insistía en que Cortés está “en una situación de incumplimiento” porque “hay una ordenanza que es la 3349/2022 que establece que para el 4 de diciembre de 2023 deberían haber cerrado el basurero municipal a cielo abierto”, según recordó a La Tecla Patagonia. También reiteró que la votación debía realizarse con una mayoría agravada, de lo contrario irían a la justicia. También reiteró la obligatoriedad de darle participación en el debate a los vecinos convocando a una audiencia pública.

Pero todos sus pedidos fueron desatendidos y el oficialismo terminó convocando a una sesión extraordinaria para el jueves 2 de abril, a las 9 de la mañana, una fecha inusual por tratarse de un doble feriado en que se conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y por ser Jueves Santo para la comunidad católica. Desde la oposición, el llamado se realizó a las apuradas y un día feriado para evitar la participación ciudadana.

Una derrota del oficialismo

El jueves 2 de abril, la sesión comenzó a las 9.25, con la sala repleta de vecinos con carteles en contra del vertedero. Su presencia fue clave para torcer el curso de los acontecimientos. La apertura estuvo a cargo del presidente del cuerpo, Gerardo Del Río, quien anunció que leería una nota enviada por el intendente. Allí, informó la voluntad del jefe comunal de devolver el proyecto para su tratamiento en Comisión de Gobierno y Legales y “que se convoque a representantes de la provincia de Río Negro a participar de la discusión en la mesa de diálogo como actor principal” en la resolución del conflicto.

Informó también que se procederá a intimar a Parques Nacionales, a Aeropuertos 2000, Dina Huapi y Villa Mascardi para que en los próximos 60 días dejen de enviar sus residuos al vertedero de Bariloche. Además, enfatizó que dada la gravedad de la situación, “el Ejecutivo se declara en emergencia en la recolección, tratamiento y disposición de residuos en el vertedero regional”.

Del Río agradeció a los vecinos “porque vemos que la causa que es el vertedero, hoy nos junta” y agregó que “nos junta para buscar un camino y ese camino tiene que ser el cierre”. Más adelante, sumó: “realmente nosotros queremos avanzar, queremos cerrar el vertedero, queremos sanear el pasivo ambiental que tenemos en nuestra ciudad pero queremos hacerlo con todos”, para concluir que “la causa del vertedero es más importante que los posicionamientos políticos”.

El concejal oficialista Tomás Hercigonja adhirió a las palabras de Del Río y sostuvo que hay que seguir escuchando a los vecinos. Reconoció que la propuesta que teníamos “era un parche nada más, para empezar a trabajar” y, con tono conciliador, reiteró que “queda el proyecto pero si hay alguno superador es bienvenido”.

Desde la oposición, Leandro Costa Brutten calificó de “una tranquilidad extraordinaria” la decisión adoptada por el ejecutivo y Roxana Ferreyra, con los tapones de punta, expresó que al proyecto “lo mandaron (a votar) un feriado pensando que los vecinos no iban a venir”, para luego agregar que el problema de la basura “es un problema de todos y salimos entre todos”.

Facundo Villalba mencionó que la sesión se llevó adelante en una “fecha doblemente sagrada” y celebró la vuelta a comisión del proyecto, pero pidió que “se discuta en serio esta vez, no como la semana pasada, que no se nos escuchó en la comisión ni a nosotros, ni a los vecinos ni a los profesionales técnicos”.

Julieta Wallace expresó que “ver la sala llena de vecinos y vecinas conmueve porque es evidente la importancia que tiene este tema y cómo la situación del vertedero viene atravesando una situación crítica hace mucho tiempo” y sostuvo que “continuar con esta situación 10 años más es insostenible”. Para finalizar, pidió que los próximos tratamientos sean “en el marco de las reglas del juego, que son la carta orgánica y el reglamento”.

Por último, Laura Tottoneli, de JSRN, que el oficialismo contaba como aliada pero terminó haciendo cuestionamientos, agregó que “volver el proyecto nuevamente a comisión no tiene que ser entendido como la derrota de nadie. Tenemos que entender que acá se juega el futuro de todos nosotros”. Llamó a “ser capaces de trascender las diferencias políticas” con el fin de “laburar en pos de un objetivo que nos conmueve a todos”.

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