9 de abril de 2026
SEGURIDAD
La Justicia neuquina reclama soluciones ante la superpoblación carcelaria
Jueces y fiscales advierten por la falta de cupos en cárceles y comisarías, y piden respuestas al Gobierno provincial mientras crecen los casos de prisión domiciliaria para delitos graves
La crisis de superpoblación en el sistema de detención de Neuquén escaló a un nuevo nivel y ya genera un reclamo directo de la Justicia hacia el Poder Ejecutivo provincial. Jueces y fiscales vienen advirtiendo sobre la falta de lugares para alojar detenidos y exigen medidas urgentes para garantizar el cumplimiento efectivo de las prisiones preventivas.
En audiencias recientes, magistrados comenzaron a solicitar de manera sistemática que el Ministerio Público Fiscal consulte previamente al Ejecutivo si existen cupos disponibles en cárceles o comisarías antes de pedir detenciones. La respuesta, en la mayoría de los casos, es negativa.
Frente a este escenario, fiscales se ven obligados a requerir arrestos domiciliarios incluso en causas de extrema gravedad, como homicidios o narcotráfico, una situación que genera preocupación dentro del propio sistema judicial.
El problema se inscribe en el marco de la emergencia carcelaria vigente en la provincia y expone una falencia estructural: el crecimiento de causas judiciales tras la implementación del nuevo Código Procesal Penal no fue acompañado por una ampliación de la infraestructura penitenciaria.
En localidades del centro y norte neuquino, el procedimiento ya se volvió habitual: ante la falta de cupos, el Ejecutivo es consultado sobre la disponibilidad de plazas y, si no hay lugar, la Justicia debe optar por la prisión domiciliaria como única alternativa posible.
Casos recientes reflejan esta situación. En Chos Malal, personas acusadas por comercialización de drogas quedaron bajo arresto domiciliario pese al secuestro de una importante cantidad de estupefacientes. En Zapala, imputados por un homicidio también cumplen detención en sus viviendas por la imposibilidad de ser alojados en una unidad carcelaria.
Desde el Ministerio Público Fiscal reconocen que la problemática se repite en distintas circunscripciones y que se trata de una medida forzada por la falta de opciones. Incluso, remarcan que esta situación impacta en la seguridad, ya que se requieren efectivos policiales para custodiar los domicilios, reduciendo los recursos disponibles para la prevención del delito.