14 de abril de 2026
CHUBUT
Empresarios piden la inconstitucionalidad de la ley de "Ficha Limpia Pesquera"
La cámara que nuclea a la flota amarilla (CAFACH) presentó una demanda ante el Superior Tribunal contra la nueva ley provincial, cuestionando cambios en los permisos y advirtiendo sobre su impacto en permisos otorgados previamente
La reciente reforma del régimen pesquero en la provincia de Chubut derivó en una presentación judicial por parte del sector empresario. La Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley IX N° 180, sancionada en marzo, al considerar que introduce modificaciones sustanciales en el sistema de permisos y control de la actividad.
El planteo fue elevado ante el Superior Tribunal de Justicia provincial y apunta contra distintos artículos de la norma. Desde la entidad sostienen que la legislación vulnera derechos constitucionales, altera las condiciones bajo las cuales operaba el sector y genera un escenario de incertidumbre para las inversiones.
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es la incorporación del esquema denominado “ficha limpia pesquera”, que establece nuevos requisitos para acceder, renovar o transferir permisos. Este sistema contempla condiciones fiscales, judiciales y administrativas que, según los demandantes, exceden lo estrictamente vinculado a la actividad pesquera.
En ese sentido, CAFACH advierte que la ley habilita la suspensión o caducidad de permisos en función de situaciones como deudas fiscales o causas judiciales sin sentencia firme. Para la entidad, este aspecto podría entrar en conflicto con principios como la presunción de inocencia y el debido proceso, al permitir sanciones sin instancias previas de defensa.
Asimismo, el sector empresario cuestiona que la normativa afectaría permisos otorgados con anterioridad, algunos con más de una década de vigencia, lo que, según argumentan, vulneraría el principio de irretroactividad y las condiciones bajo las cuales se realizaron inversiones y se generó empleo.
Desde la entidad también se advirtió que la norma podría otorgar al Estado un margen amplio de discrecionalidad en la administración de permisos, lo que podría derivar en un mecanismo de presión sobre las empresas para el cumplimiento de obligaciones ajenas al sector.
La presentación no incluye, por el momento, una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley, aunque no se descartan futuras acciones judiciales en caso de que se registren afectaciones concretas a permisionarios.
La decisión que adopte el Superior Tribunal de Justicia será determinante para el futuro del sector pesquero en la provincia y podría sentar un precedente en materia regulatoria.