15 de abril de 2026
CHUBUT
El Superior Tribunal de Justicia intervino al equipo que otorgó la tenencia de Ángel
El máximo tribunal provincial dispuso la intervención y auditoría del equipo técnico que había avalado la tenencia del menor, en un intento por esclarecer posibles responsabilidades institucionales por el asesinato del menor de edad
La muerte de Ángel López, el niño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia, derivó en una fuerte reacción institucional en Chubut. El Superior Tribunal de Justicia provincial dispuso intervenir el equipo técnico que había participado en la decisión de otorgar su tenencia a la madre, en medio de una investigación que apunta a un grave caso de maltrato infantil.
La medida fue adoptada por unanimidad mediante un acuerdo plenario y establece una intervención por 60 días del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Circunscripción Judicial N° II. La auditoría estará a cargo de la camarista María Marta Nieto, quien deberá presentar informes semanales sobre el desempeño de los profesionales involucrados.
El objetivo es revisar de manera integral si se cumplieron los protocolos y responsabilidades en todas las instancias que intervinieron en el caso. El análisis abarcará no solo al equipo técnico, sino también a juzgados de familia, organismos de protección de derechos y otros actores del sistema judicial.
La decisión se produce en un contexto de fuerte conmoción social y cuestionamientos al funcionamiento del fuero de familia. Desde el máximo tribunal señalaron que se realizará una evaluación profunda antes de determinar posibles responsabilidades o impulsar cambios estructurales.
En paralelo, la investigación penal avanza con la madre del niño y su pareja detenidos con prisión preventiva, acusados de homicidio. La autopsia reveló múltiples lesiones, incluyendo traumatismos craneales, hemorragias y signos compatibles con el denominado “síndrome del sacudón”, un tipo de violencia extrema.
A partir de este caso, el Superior Tribunal de Justicia busca determinar si hubo fallas en la intervención estatal previa y establecer medidas que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse, en un intento por dar respuesta al impacto social generado por el crimen.