7 de mayo de 2026
PUNTO LIMITE
Santa Cruz intimó a Patagonia Resources y advierte con quitarle áreas petroleras
El Gobierno provincial intimó a la petrolera a cumplir con el traspaso de trabajadores, presentar inversiones y reactivar equipos. Advirtió que podría revertir la concesión otorgada tras la salida de YPF
El Gobierno de Santa Cruz elevó el tono en el conflicto con Patagonia Resources S.A. y advirtió que avanzará con medidas administrativas y legales si la compañía no cumple “de manera inmediata e íntegra” con los compromisos laborales y de inversión asumidos tras quedarse con áreas petroleras que habían sido cedidas luego del retiro de YPF.
La postura oficial fue ratificada durante una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, y el ministro de Trabajo, Juan Mata, donde la Provincia dejó en claro que considera agotada la etapa de advertencias y que no tolerará nuevos incumplimientos por parte de la firma.
Uno de los puntos centrales del reclamo provincial está vinculado al traspaso de trabajadores de AESA hacia Patagonia Resources, un compromiso que, según remarcaron desde el Ejecutivo, forma parte de los acuerdos firmados con el Gobierno y los gremios petroleros.
“El incumplimiento no es una opción”, remarcaron desde la Provincia al sostener que se trata de una obligación jurídica exigible asumida por la empresa. En ese marco, el Gobierno avisó que, si la situación persiste, avanzará “sin dilación” con la reversión del acuerdo y la quita del área concesionada.
La tensión se da en un contexto sensible para la actividad hidrocarburífera santacruceña, marcado por el retiro progresivo de YPF de áreas maduras y la necesidad del Ejecutivo de garantizar continuidad operativa, empleo y niveles mínimos de inversión en los yacimientos transferidos a nuevas operadoras.
Además del conflicto laboral, la Provincia exigió a Patagonia Resources la presentación urgente de un plan de reactivación que incluya levantamiento de equipos y puesta en funcionamiento de perforadores, tanto ante las autoridades provinciales como frente a los sindicatos del sector.
Desde el Gobierno insistieron en que la política energética provincial tiene como prioridad la generación de empleo genuino y la recuperación de la actividad productiva, por lo que remarcaron que ninguna concesionaria puede desentenderse de los compromisos asumidos “sin consecuencias”.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo notificó formalmente a Patagonia Resources y a AESA sobre la apertura de un sumario administrativo por presunta obstrucción al proceso de conciliación obligatoria y violación de la paz social.
Según se informó oficialmente, ambas conductas son consideradas infracciones graves dentro del marco laboral vigente y podrían derivar en sanciones severas.