El recorte de fondos del gobierno nacional comienza a sentirse en un aumento de la conflictividad social en las provincias patagónicas. Paritarias que no cierran y bolsillos flacos derivan en paros y movilizaciones

Se dice que las provincias suelen ser la caja de resonancia de conflictos que luego se extienden a nivel nacional. En algunas patagónicas la conflictividad social viene escalando. En el último mes, en Río Negro, Chubut y Santa Cruz proliferaron los reclamos de trabajadores estatales que piden la apertura de paritarias para lograr aumentos que nivelen o superen a la inflación. En algunos casos, los reclamos –puntualmente del sector docente- estuvieron acompañados de movilizaciones muy concurridas que hasta se metieron en la agenda nacional.

El caso de Neuquén es distinto porque la provincia de Vaca Muerta cuenta con ingresos provenientes de las regalías del gas y del petróleo, lo que le permite un mayor margen de planificación y una menor dependencia del envío de fondos del gobierno nacional para mantener al día las cuentas provinciales. La recaudación también tuvo un crecimiento moderado y, a partir de abril, se espera que se sume una mejora en los recursos hidrocarburíferos atada al alza del barril de petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Para este año, al igual que lo hizo desde que comenzó la gestión, el gobierno de Rolando Figueroa pactó una pauta salarial con los gremios estatales que se ajusta de manera trimestral conforme a la evolución del IPC. De esta manera, se anticipó a eventuales protestas dando previsibilidad a los trabajadores y garantizando un clima de paz social en la provincia.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en su afán de alcanzar el déficit cero, el gobierno nacional aplicó la motosierra sobre los fondos que envía a las provincias, trasladándoles el problema a los gobiernos locales. Sólo en abril de este año, los envíos discrecionales del Estado nacional registraron una baja del 53% interanual. Para equilibrar, la Casa Rosada emite ATN (Aportes del Tesoro Nacional) de forma discrecional.

Hace unos días, la consultora Politikón Chaco sacó un informe en el que mostró que en 2025 sólo 7 provincias argentinas mantuvieron superávit fiscal, cuando en 2024 eran 19. Neuquén se ubica en el primer grupo, aunque el superávit se achicó significativamente: había sido del 7,5 en 2024 y fue del 0,9 en 2025. La tendencia continuó en el primer trimestre de 2026, y se explica por el aumento de gastos corrientes por encima de la inflación, y la actividad de la obra pública. Según los números publicados por el ministerio de Economía, Neuquén finalizó marzo con un resultado financiero de 65.234 millones de pesos, un número menor en términos nominales y reales al de igual período del año pasado.

Las demás provincias patagónicas, en tanto, mostraron déficit fiscal. En Santa Cruz se registró la situación más alarmante, ya que pasó de tener un superávit del 1,7% en 2024 a tener un déficit del 12,9% en 2025. Lo mismo ocurrió en Chubut, que pasó de un superávit del 3,6% a un déficit del 8% en un año. En Río Negro, el déficit fiscal en 2025 fue del 4,8%, mientras que en 2024 había sido del 0,9%.

Río Negro: un adelanto de coparticipación que llegó justo a tiempo

En abril, la provincia de Río Negro firmó con Nación un convenio de asistencia financiera por un total de 120 mil millones de pesos, a desembolsarse en tres meses. El 30 de abril ingresaron a las arcas provinciales los primeros 45 mil millones de pesos, que fueron claves para pagar los salarios de todo el sector público ese mes, que debían estar acreditados al día siguiente. El monto que envió Nación representa poco menos de la mitad de los 107 mil millones que Economía requería para abonar sueldos.

El dinero que resta del adelanto de coparticipación será enviado en los dos meses siguientes: en mayo, otra suma de 45 mil millones y los 30 mil millones restantes, en junio. A partir de agosto, la provincia debe devolver el dinero con un interés del 15%, según se publicó en el Boletín Oficial.

La escasez de recursos en Río Negro se traduce en la dilación de los acuerdos salariales con los distintos sectores que componen la administración pública provincial. Las negociaciones se estiran, llaman a reuniones sin ofertas superadoras, y del lado de los gremios el malestar crece.

Esta semana hubo un pico de tensión con los docentes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), que realizaron una volanteada en las inmediaciones del puente carretero que une la provincia de Río Negro con Neuquén, en el marco de un paro de 48 horas que había sido convocado por el sindicato. Durante la protesta en el puente, los docentes fueron sacados por la fuerza por agentes de la Gendarmería Nacional y Prefectura, que buscaban impedir el corte de la ruta 22.

El accionar violento de las fuerzas de seguridad se ganó el repudio de varios sectores de la oposición, como el grupo de legisladores del peronismo que sacaron un comunicado para denunciar la aplicación del protocolo antipiquetes que instrumentó el gobierno de Javier Milei “para acallar la voz de los trabajadores”, y criticó “la actitud del gobierno de Alberto Weretilneck que promueve este tipo de acciones”. Por su parte, el gobierno intentó bajar el impacto de la protesta difundiendo cifras de presentismo: del 65% en el primer día.

El reclamo de los docentes rionegrinos es similar a lo que piden en las demás provincias patagónicas: un aumento salarial por encima de la inflación que permita recuperar parte del poder adquisitivo que se viene reduciendo año a año. La secretaria general del gremio, Laura Ortiz, al anunciar la última medida de fuerza, advirtió: "vamos a seguir exigiendo que continúe el aumento por IPC" porque "es algo que regula no tener sumas no remunerativas".

En tanto, el gobierno anunció el viernes que convocará a la nueva paritaria salarial a los estatales de ATE y UPCN para el próximo jueves 14 de mayo con el objetivo de retomar la discusión de los próximos aumentos para los estatales.

Chubut: un clima de creciente conflictividad

En Chubut, el fin de semana pasado la conflictividad social quedó expuesta cuando los docentes, que reclaman la reapertura de las paritarias, protagonizaron contundentes movilizaciones en simultáneo, en distintas ciudades como Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia. Debido al clima de tensión, el gobierno de Ignacio Torres dejó la negociación con los docentes para el final, después de haber alcanzado un acuerdo con los gremios que representan a los estatales y a los trabajadores de la salud.

El lunes posterior a las marchas, el gobierno de Ignacio Torres avanzó con acuerdos con otros sectores de la Administración Pública. El primero fue el sector de los estatales. En una reunión realizada el lunes con ATE, UPCN y APOC, acordaron un aumento salarial del 6 por ciento en tres tramos, para el periodo mayo - julio.

Al día siguiente, se alcanzó un acuerdo salarial con los gremios que representan a los trabajadores de la salud pública provincial: ATSA, UPCN, AGREMEDCh y SISAP. La reunión estuvo encabezada por el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, acompañado por el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el secretario de Salud, Sergio Wisky –que volvió a Chubut luego de un paso fugaz por el gobierno rionegrino-; y equipos técnicos de la cartera sanitaria. En este caso, el acuerdo fue de un incremento del 8% sobre el valor móvil del salario básico, a cobrarse en tres tramos: en mayo, junio y julio.

Finalmente, el miércoles, los ministros de Educación, José Luis Punta; de Gobierno, Victoriano Parodi; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; recibieron a los representantes de los gremios de docentes SITRAED, UDA, SADOP, ATECH y AMET. La reunión fue tensa y duró varias horas. El gobierno intentó desactivar las protestas con una oferta que contemplaba un incremento del 7,4% al sueldo básico para mayo, además de actualizaciones automáticas vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los meses siguientes.

Otro aspecto destacado de la propuesta es el compromiso asumido por el Ejecutivo provincial de no aplicar descuentos por días de paro ni sanciones derivadas de las medidas de fuerza, siempre que la propuesta salarial sea ratificada por las bases sindicales.

Sin embargo, los dirigentes de ATECH llevaron la propuesta del gobierno a las asambleas y decidieron, por mayoría, rechazarla por insuficiente. Además, convocaron a un paro en toda la provincia para este lunes 11 de mayo y se sumaron a las acciones convocadas por las universidades públicas nacionales para el martes, día en que se realizará la cuarta marcha federal universitaria en todo el país.

Los demás sindicatos -SITRAED, UDA, SADOP y AMET- aceptaron la propuesta del gobierno.

Santa Cruz: sin oferta salarial desde que comenzó el año

En Santa Cruz, el conflicto principal es que el gobierno de Claudio Vidal no llama a los gremios a discutir paritarias desde que comenzó el año, hundido en una profunda crisis financiera que mantiene a la provincia con los números en rojo. El reclamo es generalizado en todos los sindicatos que representan a los trabajadores estatales, que integran un Frente Sindical que el jueves pasado realizó un “ruidazo” frente a Casa de Gobierno, en Río Gallegos.

Durante esa actividad, que se realizó bajo la lluvia, el Frente Sindical reiteró el pedido de recomposición salarial, y ratificó la defensa de la Caja de Previsión Social y de la Caja de Servicios Sociales.

En plena crisis, un hecho tensionó aún más la situación en la provincia. El viernes, el gobernador Claudio Vidal informó a través de sus redes sociales que tomó la decisión de pedirle la renuncia al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata, quien quedó envuelto en acusaciones de graves incompatibilidades en la función pública. Aún no se anunció su reemplazo, de modo que el área más sensible para abordar los problemas laborales se encuentra acéfala.

Otro hecho significativo ocurrido en la provincia en los últimos días fue la protesta de los docentes de ADOSAC (Asociación de Docentes de Santa Cruz), que propusieron realizar un acampe de 36 horas frente a la Casa de Gobierno. La medida de fuerza no se llegó a concretar pero obligó al Ejecutivo a vallar la sede gubernamental. Esta acción fue calificada por los gremios como “de carácter represivo y de criminalización de la protesta social". En esa provincia, también barajan la posibilidad de lanzar una protesta por tiempo indefinido, lo que complicaría más las cosas.

El jefe de Gabinete, Pedro Luxen, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, convocaron a una reunión a los representantes de ADOSAC y les propusieron avanzar hacia una mesa con el Consejo Provincial de Educación (CPE). La tensión con el gobierno es tal que, pese a la convocatoria, el gremio definió un paro de 72 horas, del miércoles 6 al viernes 8 de mayo, es decir, antes del encuentro. Justificaron la decisión en la falta de definiciones inmediatas y en la necesidad de obtener respuestas concretas en la próxima instancia de negociación.

Los principales reclamos del sector, además de la apertura de las paritarias para discutir salarios, es que se devuelva el dinero descontado por días de paro y la reactivación de las subcomisiones técnicas.

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