Por mayoría, la Legislatura dio luz verde a la adhesión de la ley antimafias
Se aprobó la alineación de la Provincia a la ley nacional contra organizaciones criminales, una herramienta impulsada por el gobierno de Ignacio Torres para reforzar la coordinación entre Provincia y Nación en la lucha contra el delito complejo
La Legislatura de Chubut aprobó este jueves la adhesión provincial a la denominada “Ley Antimafias”, una iniciativa impulsada por el gobierno de Ignacio Torres que busca fortalecer la investigación y persecución de organizaciones criminales mediante una mayor coordinación entre organismos provinciales y nacionales. La medida obtuvo el respaldo de los bloques oficialistas y volvió a exponer las diferencias políticas sobre el alcance de las nuevas herramientas de seguridad.
La norma aprobada adhiere a la Ley Nacional N° 27.786, conocida formalmente como “Ley de Organizaciones Criminales”, y establece un esquema de cooperación interjurisdiccional para enfrentar delitos complejos vinculados a estructuras delictivas organizadas. Según el texto sancionado, el procurador general y el gobernador serán quienes deberán formalizar los pedidos de colaboración para avanzar en investigaciones conjuntas.
Desde el oficialismo defendieron la necesidad de actualizar los mecanismos de combate contra delitos cada vez más sofisticados y con capacidad de operar en distintas jurisdicciones. Durante el debate parlamentario, la diputada oficialista María Andrea Aguilera sostuvo que el crimen organizado ya no actúa de manera aislada, sino mediante redes con división de funciones, recursos y capacidad de adaptación, por lo que consideró imprescindible que el Estado también pueda responder de manera articulada.
La legisladora explicó que la adhesión permitirá compartir información, coordinar acciones e incorporar herramientas de inteligencia criminal sin alterar las competencias propias de la Justicia provincial. En ese sentido, uno de los puntos destacados del proyecto es que la ley aclara expresamente que la adhesión no modifica las facultades constitucionales del Ministerio Público Fiscal ni de los tribunales provinciales en materia de investigación y juzgamiento de delitos.
El proyecto fue aprobado con los votos de los bloques oficialistas Despierta Chubut y Familia Chubutense, mientras que los diputados de Arriba Chubut y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa. Desde la oposición cuestionaron principalmente el alcance institucional de la norma y advirtieron sobre posibles riesgos de utilización política o de criminalización de determinadas conductas.
El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, sostuvo que existen antecedentes recientes que generan desconfianza respecto de cómo podrían aplicarse este tipo de herramientas. En tanto, desde el Frente de Izquierda, el diputado Juan Aquino planteó reparos vinculados a una eventual utilización de la legislación contra manifestaciones o protestas sociales.
Más allá de las críticas opositoras, el oficialismo logró avanzar con una de las iniciativas que el Ejecutivo provincial considera estratégicas dentro de su agenda de seguridad y fortalecimiento institucional. El gobierno provincial viene planteando desde hace meses la necesidad de modernizar los instrumentos legales para enfrentar delitos complejos y mejorar la articulación con organismos federales.
La sesión también dejó otro respaldo importante para la administración provincial. La Legislatura ratificó el convenio firmado entre el Ejecutivo y la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A.U. (EPECH) para avanzar con la construcción de un parque fotovoltaico en Paso de Indios, una obra valuada en 8.400 millones de pesos destinada a mejorar el sistema eléctrico de la región.
El diputado oficialista Sergio Ongarato destacó que el proyecto permitirá reemplazar gran parte de la generación actual basada en grupos electrógenos diésel, reduciendo costos operativos y mejorando la estabilidad energética de la localidad. Según se explicó durante el debate, el nuevo sistema solar cubrirá cerca del 78% de la demanda anual de energía de Paso de Indios y disminuirá significativamente el consumo de combustible fósil.
Para el gobierno provincial, ambas votaciones representan avances en dos áreas que considera prioritarias: seguridad y desarrollo energético. Mientras la adhesión a la ley antimafias apunta a fortalecer la capacidad estatal frente al delito organizado, el parque fotovoltaico forma parte de la estrategia de diversificación energética y mejora de infraestructura en localidades del interior chubutense.