Quedó firme la condena a Cecilia Torres Otarola en la causa “Ñoquis Calientes”
El Superior Tribunal de Justicia rechazó los últimos recursos de la defensa y dejó firme la condena contra la exministra por fraude a la administración pública y concusión. La sentencia incluye prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
Una de las causas de corrupción con mayor impacto político de los últimos años en Chubut llegó a su instancia final. El Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó las impugnaciones extraordinarias presentadas por las defensas y confirmó la condena contra la exministra Cecilia Torres Otarola en el expediente conocido como “Ñoquis Calientes”.
La decisión ratifica la sentencia dictada en junio de 2025 por la Cámara en lo Penal de Trelew y deja firme la responsabilidad penal de la exfuncionaria por maniobras vinculadas al uso irregular de recursos públicos durante su paso por la Legislatura y posteriormente por el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia.
Con el pronunciamiento del máximo tribunal provincial, la exministra deberá cumplir la pena de prisión en suspenso impuesta en instancias anteriores y queda definitivamente inhabilitada para ocupar cargos públicos, cerrando un proceso judicial que durante años ocupó un lugar central en la agenda política chubutense.
La investigación había determinado la existencia de dos esquemas distintos de irregularidades cometidos durante el desempeño de Torres Otarola en la función pública.
Uno de ellos estuvo relacionado con su etapa como diputada provincial. Según la acusación que fue validada en todas las instancias judiciales, la entonces legisladora exigía a colaboradores y asesores legislativos la entrega de una parte significativa de sus salarios, dinero que posteriormente terminaba en cuentas vinculadas a la funcionaria.
Los jueces entendieron que esa conducta configuró el delito de concusión, figura penal que sanciona el aprovechamiento indebido de la autoridad pública para obtener beneficios económicos.
Para el tribunal, los aportes reclamados a los empleados no respondían a contribuciones voluntarias sino a una exigencia derivada de la relación jerárquica existente entre la funcionaria y quienes dependían laboralmente de ella.
El segundo tramo de la investigación se centró en una serie de designaciones realizadas durante la gestión de Torres Otarola al frente del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia.
La Justicia concluyó que varias personas fueron incorporadas a la estructura estatal con cargos jerárquicos sin desempeñar tareas efectivas para la administración pública provincial.
Entre los casos analizados apareció el de una empleada que figuraba contratada dentro de la estructura legislativa pero que, según acreditó el juicio, realizaba tareas de cuidado de los hijos de la entonces funcionaria. Ese episodio se convirtió en uno de los hechos más emblemáticos de la causa y contribuyó a que el expediente fuera conocido públicamente como “Ñoquis Calientes”.
Los magistrados consideraron probado que las designaciones fueron utilizadas para incorporar personas al sistema de haberes provinciales sin una contraprestación real de servicios, generando un perjuicio económico para el Estado.
Quedaron confirmadas las condenas contra Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Reto Trelles, quienes habían sido considerados partícipes necesarios de los hechos y recibieron penas de prisión en suspenso junto con inhabilitaciones para ejercer funciones públicas.
Durante el proceso judicial, la acusación sostuvo que algunos de los designados residían fuera de Chubut y nunca cumplieron funciones efectivas en organismos provinciales pese a percibir salarios financiados por el Estado.
Los jueces entendieron que las pruebas reunidas durante la investigación permitieron acreditar la existencia de un mecanismo orientado a beneficiar económicamente a personas cercanas al entorno de la exfuncionaria mediante contrataciones irregulares.
El rechazo de los últimos recursos extraordinarios deja prácticamente agotada la discusión judicial sobre uno de los expedientes más resonantes de la política provincial reciente.
La causa expuso prácticas vinculadas al uso discrecional de cargos públicos, manejo de contrataciones y designaciones cuestionadas dentro de áreas sensibles de la administración provincial.
Con la sentencia firme, la Justicia chubutense ratificó los criterios adoptados durante el juicio oral y consolidó las condenas por fraude a la administración pública y concusión, en un fallo que vuelve a colocar el foco sobre los mecanismos de control y transparencia en el manejo de recursos estatales.
La resolución representa además un fuerte antecedente institucional en materia de persecución de delitos contra la administración pública, al confirmar la responsabilidad penal de una exintegrante del gabinete provincial y de varios colaboradores vinculados a las maniobras investigadas.