8 de junio de 2026
RIO NEGRO
Allen: imputaron al intendente libertario por una presunta maniobra con fondos públicos
La fiscalía formuló cargos contra Marcelo Román por una supuesta utilización irregular de recursos municipales para la compra de un teléfono celular que habría terminado en manos de un particular. La investigación se suma al pedido de revocatoria de mandato impulsado por vecinos de la ciudad
La situación judicial del intendente de Allen, Marcelo Román, sumó este lunes un nuevo capítulo que amenaza con profundizar la crisis política que atraviesa su gestión. Durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de General Roca, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se tengan por formulados los cargos contra el jefe comunal por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas municipal.
La acusación también alcanza al empresario Sebastián Ocampo, quien fue imputado como partícipe necesario de la maniobra investigada. Según la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025 Román habría autorizado la compra de un teléfono celular mediante una línea corporativa abonada con recursos municipales, para luego entregar el dispositivo a una persona ajena a la estructura del Estado comunal.
De acuerdo con la exposición realizada por la fiscal Celeste Benatti, el equipo fue adquirido por un valor de 479.999 pesos y mantenido mediante un abono corporativo que elevó el gasto total a casi 600 mil pesos. Para la fiscalía, el hecho no se limita a una irregularidad administrativa sino que configura una conducta penal porque el bien habría sido retirado de la órbita municipal y puesto a disposición de un tercero sin vínculo laboral ni contractual con la comuna.
La investigación sostiene que Ocampo utilizó activamente el dispositivo y que incluso habría intervenido de manera indirecta en cuestiones vinculadas a la administración municipal. Según la acusación, el empresario impartía órdenes y directivas a trabajadores de la Municipalidad, arrogándose facultades de gestión pese a no ocupar ningún cargo dentro del organigrama oficial.
El expediente se apoya en una extensa cantidad de pruebas recolectadas durante más de un año de investigación. Entre ellas figuran la denuncia original del Tribunal de Cuentas, documentación administrativa vinculada a la compra del teléfono, informes elaborados por el Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público, registros de pagos realizados a la empresa Movistar, informes policiales y más de 35 entrevistas testimoniales.
Uno de los elementos centrales de la causa son las declaraciones de la exsecretaria de Hacienda Griselda Morell, quien abandonó el gobierno municipal en abril de este año en medio de fuertes diferencias con la gestión de Román. Tras su salida, la exfuncionaria aportó información al Tribunal de Cuentas y a concejales opositores sobre presuntas irregularidades detectadas dentro del municipio.
Precisamente el rol de Morell fue uno de los puntos más debatidos durante la audiencia. La defensa del intendente, encabezada por el abogado Matías Rubio, cuestionó la decisión de la fiscalía de incorporarla como testigo y sostuvo que la exfuncionaria habría tenido participación en parte de los procedimientos administrativos relacionados con la adquisición del teléfono. Por ese motivo, solicitó que se excluyan sus declaraciones y parte de la prueba derivada de ellas.
Rubio también rechazó la hipótesis acusatoria y aseguró que la compra del dispositivo siguió los mecanismos administrativos habituales previstos por la normativa municipal. Según planteó, distintas áreas intervinieron en el procedimiento y no existió ninguna maniobra destinada a ocultar información o perjudicar las cuentas públicas.
La defensa de Ocampo, por su parte, acompañó los cuestionamientos formulados por el representante legal del intendente y sostuvo que existen inconsistencias en la calificación legal propuesta por la fiscalía. Además, consideró que la causa posee una fuerte carga política y afirmó que su defendido se ve involucrado por su condición de propietario de un medio de comunicación local.
Al finalizar la audiencia, Román volvió a rechazar las acusaciones y aseguró que la investigación permitió descartar numerosas denuncias que habían circulado públicamente durante el último año. El jefe comunal cuestionó la solidez de la imputación, negó haber entregado personalmente el teléfono a Ocampo y afirmó que no existía una relación funcional entre ambos dentro del municipio.
La jueza de Garantías resolvió pasar a un cuarto intermedio y fijó la continuidad de la audiencia para el próximo 17 de junio, cuando deberá resolver los planteos formulados por las defensas y determinar si los cargos quedan formalmente establecidos.
El avance de la causa llega en un momento especialmente delicado para Román. Apenas semanas atrás, una vecina presentó más de tres mil firmas ante el Concejo Deliberante para impulsar un proceso de revocatoria de mandato por presunto mal desempeño de sus funciones. La iniciativa superó ampliamente el piso mínimo exigido por la Carta Orgánica y abrió un procedimiento que podría desembocar en una consulta popular para definir la continuidad del intendente en el cargo.