11 de junio de 2026
SANTA CRUZ
La Legislatura saldó el Caso Sosa y restituyó al Procurador General eliminado en 1995
Con 13 votos a favor, la Cámara de Diputados restituyó a Eduardo Sosa en el cargo de Procurador General, dando cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema y poniendo fin a un conflicto institucional que mantuvo a la provincia en litigio durante más de tres décadas
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves la restitución del cargo de Procurador General y designó en esa función al abogado Eduardo Emilio Sosa, poniendo fin a uno de los conflictos institucionales más prolongados de la historia reciente de la provincia.
La iniciativa obtuvo 13 votos afirmativos frente a 9 negativos y busca dar cumplimiento efectivo a las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el denominado "Caso Sosa", un expediente que se originó hace más de 30 años tras una reforma judicial impulsada durante la gestión del entonces gobernador Néstor Kirchner.
La decisión legislativa implica modificar la Ley Orgánica de la Justicia de Santa Cruz para reincorporar una figura que había desaparecido de la estructura judicial provincial en 1995. Aquella reforma derivó en el desplazamiento de Sosa del cargo que ocupaba y dio inicio a una extensa disputa judicial que atravesó distintas administraciones provinciales.
A lo largo de los años, la Corte Suprema se pronunció en reiteradas oportunidades ordenando la restitución del exprocurador. Sin embargo, pese a los fallos del máximo tribunal, la provincia nunca había concretado plenamente esa decisión, lo que convirtió al expediente en un caso emblemático sobre los límites del poder provincial frente a las resoluciones judiciales nacionales.
El proyecto aprobado este jueves no sólo repone institucionalmente el cargo de Procurador General, sino que además incorpora expresamente la designación de Eduardo Sosa para ocupar esa función. Se trata del cambio más relevante respecto del texto original enviado por el Poder Ejecutivo en 2025, que si bien proponía restablecer el puesto, no avanzaba directamente sobre la restitución del exfuncionario.
La nueva normativa también redefine la organización interna del Ministerio Público. A partir de esta modificación, el Procurador General quedará al frente del Ministerio Público Fiscal, mientras que el Defensor Público Oficial asumirá la conducción del Ministerio Público de la Defensa, estableciendo una diferenciación más clara entre ambas estructuras.
Además, la ley prevé la incorporación de la figura del Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia y establece mecanismos de integración del máximo tribunal provincial en situaciones de vacancia, licencia o impedimento de alguno de sus miembros.
Desde el oficialismo sostuvieron que la sanción de la norma representa el cumplimiento de una deuda histórica y una señal de respeto hacia las decisiones adoptadas por la Corte Suprema. En ese sentido, remarcaron que la provincia debía normalizar una situación que permanecía pendiente desde mediados de la década de 1990.
Durante el debate legislativo también surgieron cuestionamientos desde sectores opositores, que pusieron el foco en la oportunidad política de avanzar con esta reforma y en las implicancias administrativas que podría generar la restitución de un cargo eliminado hace tres décadas.
Más allá de esas diferencias, la aprobación del proyecto marca el cierre de un capítulo que atravesó distintos gobiernos provinciales y que convirtió al "Caso Sosa" en uno de los antecedentes institucionales más significativos de Santa Cruz.