18 de junio de 2026
RIO NEGRO
Allen: formulan cargos contra Román por peculado y administración fraudulenta
La Justicia dio por formalizada la acusación contra el intendente y el empresario Sebastián Ocampo en una causa que investiga el presunto uso irregular de bienes municipales. La Fiscalía tendrá dos meses para profundizar la investigación
La causa judicial que involucra al intendente de Allen, Marcelo Román, ingresó en una nueva etapa luego de que la jueza Natalia González aceptara la formulación de cargos impulsada por la Fiscalía por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La resolución también alcanzó al empresario Sebastián Ocampo, quien fue imputado como partícipe necesario en la maniobra investigada. Con esta decisión, la Justicia consideró que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación penal y analizar la responsabilidad de ambos acusados.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen y gira en torno a la compra de un teléfono celular con fondos municipales que, según la hipótesis fiscal, habría terminado siendo utilizado por una persona ajena a la estructura del municipio.
La acusación sostiene que el dispositivo fue adquirido con recursos públicos y que la comuna continuó abonando la línea telefónica asociada al equipo, pese a que el beneficiario no ocupaba ningún cargo dentro de la administración local.
Durante la audiencia, la Fiscalía defendió la solidez de la investigación y remarcó que la acusación no se basa únicamente en testimonios, sino también en documentación administrativa, informes técnicos y distintos elementos incorporados al expediente durante más de un año de trabajo.
Uno de los puntos centrales del debate fue la declaración de una exfuncionaria municipal vinculada al área de Hacienda. Las defensas habían solicitado que ese testimonio fuera excluido de la causa al considerar que tuvo participación en el procedimiento administrativo bajo investigación. Sin embargo, la jueza rechazó el planteo y resolvió mantener la declaración dentro del expediente al entender que la exfuncionaria no reviste condición de imputada.
Los abogados defensores cuestionaron además la falta de pruebas directas que acrediten la entrega del teléfono al empresario y objetaron la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal. También consideraron excesivo el plazo de investigación solicitado por los fiscales.
Finalmente, la magistrada fijó un período de dos meses para que la Fiscalía complete las medidas pendientes. Entre ellas figuran nuevas pericias, análisis de comunicaciones y la incorporación de testimonios de empleados municipales. La jueza tuvo en cuenta que el teléfono investigado aún no fue localizado y que restan diligencias para reconstruir completamente los hechos.
La investigación comenzó en junio de 2025 y desde entonces incluyó allanamientos, secuestro de documentación y análisis de dispositivos electrónicos. Con la formulación de cargos ya confirmada, la causa avanza ahora hacia una etapa clave, en la que la Fiscalía buscará reunir más evidencia para sostener la acusación contra el jefe comunal de Allen y el empresario involucrado.