19 de junio de 2026
NEUQUEN
Neuquén comenzó a realizar exámenes toxicológicos a funcionarios
El gobierno neuquino puso en funcionamiento una ley sancionada el año pasado. Los controles serán sorpresivos y están destinados a quienes ocupan los cargos más altos de los tres poderes del Estado
El gobierno de Neuquén comenzó a implementar una política de integridad institucional que consiste en la realización de exámenes toxicológicos obligatorios y sorpresivos a funcionarios públicos de mayor jerarquía.
La medida se efectivizó tras la publicación del Decreto 234/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, que aprueba el Anexo I con la reglamentación detallada de la Ley 3531, que había sido sancionada en septiembre del año pasado y reglamentada en febrero de 2026, pero seguía sin ponerse en funcionamiento.
Ahora, la Provincia se convirtió en una de las pioneras a nivel nacional en normar y ejecutar controles periódicos de consumo de sustancias psicoactivas para quienes ocupan los cargos más altos de los tres poderes del Estado.
La puesta en marcha de la ley, a nueve meses de su sanción, responde a un episodio que ocurrió la semana pasada en la Legislatura. En el marco de la discusión sobre una actualización de la Ley 5 para que los funcionarios deban presentar sus declaraciones juradas –que actualmente son secretas y sólo se presentan al momento de asumir en el cargo- algunos diputados cuestionaron que ya hay una ley sancionada que apunta a una mayor transparencia y control de los funcionarios, pero no se aplica (en alusión a la Ley 3531).
Posteriormente, la vicepresidenta primera de la Legislatura, a cargo de la Presidencia, Zulma Reina, se realizó de manera voluntaria un examen toxicológico en un laboratorio privado y afrontando personalmente el costo del análisis. A través de sus redes sociales, explicó que tomó la decisión en línea con la postura que expresó recientemente en el recinto legislativo. "Estoy convencida de que quienes tenemos responsabilidades públicas debemos dar el ejemplo y actuar con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos", sostuvo.
El mecanismo se inauguró operativamente dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, donde se coordinaron los primeros sorteos aleatorios para determinar qué funcionarios debían presentarse a los laboratorios autorizados. Bajo la estricta premisa de la confidencialidad y la inmediatez, las personas seleccionadas recibieron una notificación formal y dispusieron de un plazo perentorio de 24 horas para someterse a la toma de muestras, garantizando de esta forma que los operativos cumplan con el factor sorpresa estipulado por el espíritu de la ley. Los primeros controles ya se realizaron.
Durante 2025 el propio gobernador de la provincia y las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se sometieron a análisis toxicológicos de manera estrictamente voluntaria para impulsar la iniciativa. Ahora, el nuevo marco normativo establece un carácter de obligatoriedad ineludible. La reglamentación fija que los exámenes médicos constituyen un requisito indispensable para la permanencia en los cargos, alcanzando de manera homogénea a ministros, secretarios, diputados provinciales y directores de organismos autárquicos.
En qué consiste el análisis
El protocolo de screening rápido se realiza mediante muestras biológicas de orina y busca identificar metabolitos asociados al consumo reciente de cocaína y derivados cannábicos (marihuana) opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, así como benzodiacepinas y barbitúricos sin la debida prescripción médica previa.
El rigor metodológico del proceso descansa sobre el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN) organismo encargado de administrar trimestralmente los sorteos automáticos que seleccionan al 12,5% del universo total de funcionarios obligados por período. Este diseño garantiza que a lo largo del año calendario la totalidad del plantel jerárquico del Estado comprendido por la Ley 3531, sea evaluado bajo estrictas condiciones de azar y transparencia.
En cuanto a las garantías del proceso, el decreto establece que ante un resultado preliminar positivo, el funcionario dispone de la facultad de realizar un test confirmatorio utilizando una segunda muestra de resguardo debidamente lacrada. Por otra parte, quienes se encuentren bajo tratamientos farmacológicos específicos deben adjuntar la prescripción e historia clínica correspondiente dentro de las 48 horas posteriores al examen.
La negativa injustificada o la no presentación dentro de las 24 horas estipuladas se considera automáticamente como un resultado positivo, activando de inmediato los mecanismos de sanción y remoción pertinentes. Asimismo, el costo de los análisis clínicos no es absorbido por el erario público; el monto correspondiente es debitado de manera directa de los haberes mensuales del funcionario evaluado.
Para supervisar la transparencia general del sistema, resolver las controversias técnicas y dictaminar ante eventuales resultados positivos confirmados, la reglamentación dispuso la creación de la Comisión Evaluadora Interpoderes. Este cuerpo técnico independiente está conformado por un representante de la salud laboral o pericial médica de cada una de las tres funciones estatales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Con este andamiaje legal y operativo en marcha, Neuquén consolida una normativa orientada a afianzar la ética pública, el correcto desempeño de las funciones de gobierno y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.