La Legislatura toma carrera para debatir el Código General de los Procesos No Penales
En agosto se iniciaran una serie de reuniones informativas para analizar el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia. La iniciativa busca modernizar el funcionamiento de la Justicia no penal y saldar una deuda institucional que se remonta a la reforma constitucional de 1994
La Legislatura de Chubut comenzará en agosto el tratamiento público del nuevo Código General de los Procesos No Penales. La propuesta, remitida por el Superior Tribunal de Justicia, busca transformar el funcionamiento de los procesos civiles, comerciales, laborales y de familia, con cambios orientados a agilizar los trámites, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y acercar el sistema judicial a la ciudadanía.
El debate formal se pondrá en marcha el próximo 10 de agosto con una serie de reuniones informativas abiertas y transmitidas en vivo, una metodología que apunta a sumar la participación de distintos sectores vinculados al ámbito jurídico y académico antes de avanzar con el tratamiento legislativo.
La organización del proceso de discusión ya comenzó a tomar forma. En los últimos días, el vicegobernador Gustavo Menna y la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera, mantuvieron un encuentro de trabajo con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone, y los equipos técnicos encargados de coordinar el abordaje parlamentario de la iniciativa.
La intención del Poder Legislativo es abrir una instancia amplia de debate para una reforma que, según coinciden distintos actores institucionales, podría marcar un punto de inflexión en el sistema judicial chubutense.
Uno de los argumentos centrales que impulsa el proyecto es la necesidad de actualizar un régimen procesal que tiene su origen en una normativa aprobada durante un gobierno de facto y que, desde hace décadas, es señalado por distintos sectores como un esquema que requiere modernización.
En ese sentido, la iniciativa también busca dar cumplimiento a un mandato pendiente de la Constitución Provincial reformada en 1994, que estableció la necesidad de avanzar hacia un nuevo ordenamiento procesal acorde a los principios democráticos y a las demandas actuales del servicio de justicia.
El texto del proyecto fue elaborado por una comisión de magistrados especializados en distintas ramas del derecho y contiene 588 artículos. Entre sus principales innovaciones se encuentra la incorporación de la oralidad en los procesos, un mayor protagonismo de jueces y juezas durante las audiencias y la utilización de herramientas digitales para agilizar los procedimientos.
La propuesta también pone el foco en la simplificación de los procesos judiciales y en la utilización de un lenguaje más claro y accesible, con el objetivo de facilitar la comprensión de las resoluciones y mejorar el acceso de los ciudadanos al sistema de justicia.
Las reuniones informativas contarán con la participación de colegios de abogados de distintas ciudades de la provincia, magistrados, funcionarios judiciales, representantes de la Defensoría y la Procuración General, docentes universitarios y especialistas en derecho procesal. A un mes del inicio de las exposiciones ya se confirmaron más de una veintena de participantes, aunque la convocatoria continúa abierta.
Además, la Legislatura habilitó un espacio de participación ciudadana para que instituciones y particulares puedan consultar el texto completo del proyecto y presentar observaciones o propuestas de modificación.
La discusión sobre el nuevo Código de Procesos No Penales se suma a otras reformas institucionales impulsadas en los últimos años en Chubut, entre ellas la sanción del Código Procesal Contencioso Administrativo, los cambios en el sistema penal y la aprobación del primer Código Electoral de la provincia.
Con este nuevo proceso, el Poder Legislativo y el Superior Tribunal de Justicia buscarán construir consensos en torno a una iniciativa que pretende redefinir el funcionamiento de la Justicia no penal y establecer un marco normativo adaptado a las exigencias actuales.