17 de julio de 2026
SANTA CRUZ
Aportes previsionales: Vidal busca acuerdos con los municipios, pero Grasso redobla la disputa
Tras el fallo del TSJ, el Gobierno provincial iniciará una ronda de reuniones con las intendencias para analizar sus cuentas y negociar el cumplimiento de los aportes previsionales. Mientras tanto, en la capital ratificaron su rechazo a una eventual retención de coparticipación y anticiparon una nueva ofensiva judicial
La disputa entre el Gobierno de Santa Cruz y los municipios por el financiamiento del sistema previsional ingresará la próxima semana por un tramo crucial. Luego de la definición judicial que restableció la vigencia del artículo 22 de la Ley 1.782 y del intenso debate político que se abrió en los últimos días, el Ejecutivo provincial pondrá en marcha una serie de mesas técnicas con todas las intendencias y comisiones de fomento para evaluar la situación financiera de cada administración y explorar mecanismos que permitan cumplir con las obligaciones previsionales.
La iniciativa será coordinada por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura y contempla reuniones individuales con los quince municipios y las cinco comisiones de fomento hasta fines de julio. El objetivo oficial es construir un diagnóstico detallado sobre las cuentas de cada jurisdicción y avanzar en acuerdos que permitan garantizar el financiamiento de la Caja de Previsión Social y de la Caja de Servicios Sociales sin perder de vista la realidad económica de cada localidad.
En cada encuentro se analizarán variables como la ejecución presupuestaria, la evolución de los ingresos y gastos, la masa salarial, la planta de personal, la estructura administrativa y el presupuesto vigente. Desde la Provincia sostienen que esa información permitirá diseñar herramientas específicas para cada municipio y establecer compromisos acordes con sus posibilidades financieras.
La convocatoria se produce después de una semana marcada por el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que dejó atrás la medida cautelar que impedía aplicar el mecanismo previsto en la legislación provincial para garantizar el pago de los aportes. Desde entonces, el escenario político se pobló de pronunciamientos tanto a favor como en contra de la decisión judicial, con intendentes, legisladores, funcionarios y dirigentes de distintos espacios fijando posición sobre el alcance de la resolución y sus consecuencias para las finanzas municipales.
Aunque el Gobierno provincial insiste en que la prioridad es abrir una instancia de diálogo institucional, la situación con el municipio de Río Gallegos aparece como el principal foco de conflicto. El intendente Pablo Grasso reunió su gabinete y a funcionarios de conducción para analizar el escenario y ratificó que la administración capitalina mantendrá su postura frente a una eventual retención de recursos coparticipables.
Según expuso el jefe comunal ante sus colaboradores, una quita adicional de fondos pondría en riesgo el pago de salarios municipales. En esa línea, sostuvo que la Provincia ya practica descuentos sobre la coparticipación correspondientes a distintos conceptos tributarios y planteó que esos recursos podrían destinarse al cumplimiento de las obligaciones previsionales sin necesidad de avanzar con nuevas retenciones.
El intendente también adelantó que el municipio volverá a recurrir a la Justicia en las próximas semanas para cuestionar el mecanismo previsto por la Provincia. Paralelamente, anunció una serie de reuniones con trabajadores municipales para explicar el impacto que, según la visión del Ejecutivo local, tendría una reducción de los fondos que recibe la capital provincial.
Mientras tanto, desde la administración de Claudio Vidal buscan imprimirle un perfil técnico a la discusión. La convocatoria a las mesas de trabajo apunta a instalar un ámbito de negociación permanente con cada municipio, con la premisa de revisar números concretos antes de definir eventuales acuerdos para regularizar la situación de los aportes.