20 de julio de 2026
RIO NEGRO
La oposición denunciará al municipio por la privatización del vertedero de Bariloche
Concejales de la oposición estallaron al conocer que Walter Cortés hizo una contratación directa con la empresa Rowing S.A para el tratamiento de los residuos urbanos por un monto de 339 millones de pesos al mes, sin pasar por el Concejo
La municipalidad de San Carlos de Bariloche decidió anular la comisión que se había abierto en el Concejo Deliberante para discutir el futuro del vertedero municipal y otorgó mediante una contratación directa la operación y mantenimiento del Centro de Residuos Urbanos Municipales (CRUM) a la empresa Rowing S.A., por un monto mensual de 339 millones de pesos. Además, mediante otra resolución, retiró el personal municipal que trabajaba en el basurero para permitirle a la empresa desplegarse con comodidad.
La decisión del intendente Walter Cortés hizo estallar a la oposición, que venía trabajando el tema en una comisión en el Concejo. Consideran que ocurrió es la “privatización” del servicio a espaldas de la ciudadanía, y la suspensión de una línea de trabajo orientada a encontrar una solución definitiva al problema ambiental de Bariloche, donde se ubica el basurero abierto más grande del mundo,
Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), aseguró a La Tecla Patagonia que lo que ha hecho el intendente con las resoluciones 2389 y 2392 es “privatizar el basurero con una empresa que no tiene como objeto esta actividad”, ya que se dedica a otras actividades industriales. Señaló que “el vicio” central que tiene la ordenanza que firmó el intendente es que “ratifica por Resolución un contrato ya firmado, el 13 de julio de 2026 para la gestión del servicio público de residuos, sin que conste ordenanza previa del Concejo que lo autorice”.
“No puede el intendente por resolución arrogarse facultades que son del Concejo Deliberante que solamente pueden determinarse por ordenanza”, expresó. “La concesión tiene un mecanismo que es la licitación pública que necesita una ordenanza. Cortés está incumpliendo con todo eso”, remarcó, y anticipó que hará una denuncia administrativa y otra en la justicia para denunciar lo ocurrido.
Agregó que “detrás hay un negociado: le entrega 339 millones de pesos de forma directa, con un agravante: el intendente había enviado un proyecto al Concejo para que esta empresa haga dos celdas que extiendan –según ellos- por diez años la operatividad del basurero. No tuvieron los ocho votos que necesitaban para generar una ordenanza. El intendente lo intentó y como fracasó en tener la mayoría, lo hace por contrato”, manifestó.
El acuerdo que firmó Cortés con Hernán González, de Rowing S.A, tiene vigencia desde el 18 de julio de 2026 por el plazo de un año, o hasta que el municipio adjudique una nueva licitación para la gestión de residuos, lo que ocurra primero. Además, podrá ser prorrogado mediante un acto administrativo expreso.
El Ejecutivo fundamentó la contratación directa en la continuidad de la emergencia del vertedero, declarada por la Ordenanza 2147-CM-11, y en la necesidad de garantizar un servicio considerado esencial para evitar riesgos ambientales y sanitarios.
Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) explicó a LTP que los concejales “tenemos una hoja de ruta para avanzar con el plan de remediación del vertedero” por lo que presentó una nota para exigirle al oficialismo que convoquen a la comisión que se conformó para seguir avanzando con el plan de trabajo, que no se reúne desde hace dos meses.
La edil cuestionó que el contrato con Rowing contempla el pago de 4 mil millones de pesos anuales “para que el vertedero siga en su lugar, y nada para la remediación” y denunció que existe una “connivencia entre el gobierno provincial y el intendente Cortés para avanzar con esto”.
Además, la concejal puso en tela de juicio los montos que se le pagarán a la empresa. Señaló que mientras al CEAMSE, que procesa la basura en el AMBA, se le paga 17.000 la tonelada, Bariloche pagará más del triple “sin que haya una explicación que justifique esos montos”.
Por su parte, la concejal Roxana Ferreyra (PJ), expresó a LTP la frustración que siente con la decisión del municipio: “Pensamos que habíamos logrado frenar en el Concejo este pliego millonario. Logramos que se cree una mesa de trabajo y que el tema se trabaje en una Comisión para darle una respuesta sobre este tema a los vecinos. En ese momento, (Martín) Domínguez nos informó que ellos iban a seguir adelante con el pliego. Entonces una se pregunta, ¿para qué seguir adelante con la comisión?”.
Remarcó que “lo que dice el contrato (que el municipio firmó con la empresa) es lo mismo que habían plantado en el pliego de licitación” que frenó el Concejo. Advirtió que haberlo hecho por resolución “sienta un precedente para que el contrato se vuelva a renovar al año siguiente”. Y agregó que, según los cálculos que ella misma hizo, el monto total del contrato equivale a 2.680.000 dólares, con los que “el municipio podría comprar maquinaria para el procesamiento de residuos”.
Para concluir, apuntó contra el Tribunal de Contralor, que es el organismo que “debería actuar porque no se está cumpliendo con lo que dice la Carta Orgánica, que es que este tema debería haber pasado por el Concejo”.
En sintonía, Costa Brutten adelantó a LTP que hoy impugnará las dos resoluciones, administrativamente y ante el Tribunal de Contralor, aunque “el Tribunal de Contralor es un apéndice del Ejecutivo y no solo no está actuando sino que ha liberado la zona para que el Ejecutivo pueda llevar adelante todas estas violaciones a la normativa”. Luego, indicó que irán a la justicia, aunque con pocas expectativas al considerar que “hay connivencia de los fiscales con Walter Cortés”. “Iremos con un mecanismo que se llama acción pública privada para continuar la acción”, finalizó.
