7 de marzo de 2025
NEUQUEN
Pablo Ruiz quedó acusado por peculado en la Legislatura
El extitular de la Casa de las Leyes y hermano de la exvicegobernadora destituida, Gloria Ruiz, es señalado por desviar más de $52 millones mediante transferencias y cheques al portador. La Justicia ordenó el embargo de fondos y la inhibición general de bienes del imputado
El fiscal Juan Manuel Narváez formuló cargos contra Pablo Antonio Ruiz, exdirector de la Casa de las Leyes de Neuquén, por el delito de peculado. La acusación fue presentada en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, donde se lo señaló como autor de maniobras que generaron un perjuicio económico superior a los $52 millones para la administración pública provincial.
Según la investigación, Ruiz habría desviado fondos públicos tras asumir en el cargo en diciembre de 2023, mediante la Resolución 547 firmada por la entonces vicegobernadora Gloria Ruiz, su hermana. Entre enero y agosto de 2024, recibió transferencias directas desde la cuenta de la Honorable Legislatura del Neuquén en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) hacia su cuenta personal de haberes, por un total de $34.719.194.
Cuando el banco advirtió a las autoridades legislativas sobre la irregularidad de estas transferencias, el imputado habría cambiado el mecanismo de recepción de fondos. A partir de ese momento, comenzó a recibir cheques al portador que debían ser utilizados para financiar programas de la Casa de las Leyes, como “Ritmo Ciudadano”, “Jóvenes líderes, comunitarios y políticos”, “Actividades culturales, recreativas y comunitarias” y “Murales urbanos”. Estos cheques eran cobrados por personal autorizado y el dinero en efectivo era entregado directamente a Ruiz. A través de este mecanismo, se habrían desviado otros $19.975.564.
La fiscalía sostuvo que Ruiz utilizó estos fondos para constituir tres plazos fijos: uno de $42 millones el 14 de octubre de 2024, otro de $3 millones el 1 de noviembre de 2024 y un tercero de $6 millones el 11 de noviembre de 2024. En total, el perjuicio económico estimado asciende a $52.798.459,10.
Ante estos hechos, la fiscalía solicitó medidas cautelares para resguardar los fondos y evitar la posible insolvencia del acusado. Se ordenó el embargo del plazo fijo de $42 millones, cuyos intereses devengados elevarán el monto a más de $47 millones, y su depósito en una cuenta judicial con renovación mensual por 10 meses. También se dispuso la inhibición general de bienes de Ruiz y la notificación a entidades registrales y bancarias para impedir la disposición de su patrimonio.
Las medidas fueron respaldadas por la Fiscalía de Estado, representada por el querellante Gustavo Kohon. Finalmente, el juez de garantías Lucas Yancarelli avaló la formulación de cargos y dictó las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía.