17 de abril de 2025
NEUQUÉN Y RÍO NEGRO
Insisten en que las provincias tengan un 50% de participación en el manejo de las represas
Senadores de Unión por la Patria de Neuquén y Río Negro intentan frenar la avanzada de Nación sobre cuatro complejos hidroeléctricos clave ubicados en la región Comahue. Mientras el gobierno ya mandó el borrador de los pliegos de licitación para avanzar con la venta de acciones, piden que las provincias tengan participación en la administración del recurso
El gobierno nacional aceleró el ritmo para lograr su objetivo de privatizar cuatro complejos hidroeléctricos ubicados en Neuquén y Río Negro. Esta semana, envió el borrador de los pliegos de licitación a las provincias para avanzar con la venta de las acciones mayoritarias. Pero legisladores nacionales que representan a esas provincias insistieron con un pedido a los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa para que reclamen que los Estados provinciales se queden con el 50 por ciento.
Se trata de los senadores de Unión por la Patria Oscar Parrilli y Silvia Sapag, de la provincia de Neuquén, y Silvina García Larraburu y Martín Doñate, de Río Negro. En dos notas idénticas dirigidas a los mandatarios, propusieron “que se licite el 50% del capital accionario de las cuatro sociedades” y que “el 50% restante quede reservado a las provincias de Río Negro y Neuquén, según corresponda”.
Tras hacer un repaso por el largo derrotero que envuelve al destino de las represas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, sugirieron también que en el nuevo contrato de concesión se establezca un plazo máximo de 10 años, la devolución de los activos al Estado al finalizar la concesión y la obligatoriedad de reinvertir el 50% de las utilidades en el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura.
Asimismo, solicitaron que se asegure que los ingresos por la venta del 50% del capital accionario “se depositen en dólares estadounidenses en el BCRA”, y “no se destinen al pago de deuda e intereses de deuda externa”.
La semana pasada, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 263/2025 donde estableció un plazo de 15 días a partir de esa publicación para llamar al concurso público nacional e internacional “con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las sociedades”.
Cinco días después, envió a las provincias los pliegos con las bases y condiciones del llamado a licitación. La velocidad de las jugadas del Gobierno nacional desencajó a los gobernadores, que habían solicitado un plazo mayor (de 30 días) para que sus equipos técnicos pudieran analizar el estado de situación de las represas.
Pero el partido entró en tiempo de descuento y el ministro de Planificación de Neuquén sintetizó en una frase lo que en las provincias todos piensan: “Están haciendo esto en forma un poco apresurada, en un tema que es sustancial para la Provincia”.
En sintonía con el ministro, los legisladores nacionales hicieron correr la nota dirigida a los gobernadores. En verdad, el posicionamiento que expresaron no es nuevo. Al menos desde 2022, cuando se empezó a acercar la fecha de vencimiento de las concesiones que las empresas que administraban los complejos hidroeléctricos habían tenido por veinte años, comenzaron a plantear que es imperioso que las provincias tengan participación en la administración de ese recurso.
Más precisamente, la postura de los peronistas ha sido ir hacia un modelo con participación del Estado nacional y de las provincias, en la toma de decisiones y en la administración de las represas, entendiendo que la actividad involucra un recurso fundamental, como es el agua, y la generación de energía, recurso fundamental para el desarrollo del país.