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Miércoles, 12 agosto 2026
Argentina
12 de agosto de 2026
EL CHAÑAR

Investigan a una viceintendenta y a una edil por irregularidades con tierras municipales

Verónica González y Mónica Barrera fueron citadas a una audiencia de formulación de cargos por una investigación que busca determinar si existieron delitos en el procedimiento utilizado para regularizar un terreno que pertenecía al patrimonio municipal. La fiscalía ya realizó allanamientos y reunió documentación vinculada al caso

Investigan a una viceintendenta y a una edil por irregularidades con tierras municipales
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La viceintendenta de San Patricio del Chañar, Verónica González, y la concejal Mónica Barrera deberán afrontar el próximo 19 de agosto una audiencia de formulación de cargos en el marco de una investigación por una presunta irregularidad en la adjudicación y regularización de un terreno municipal.

La audiencia había sido convocada originalmente para el 6 de agosto, pero ninguna de las dos funcionarias se presentó, por lo que fue reprogramada para el 19 de agosto en la Ciudad Judicial de Neuquén.

La causa está a cargo del fiscal Juan Manuel Narváez Barraza, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Según la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal, se investigan posibles delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por los concejales opositores Vásquez, Lagos y Cuéllar, pertenecientes a sectores enfrentados con la gestión del intendente Gonzalo Núñez.

Los ediles cuestionaron el mecanismo utilizado para avanzar con la situación dominial de un terreno que había pertenecido al municipio y que terminó beneficiando a Barrera. Según la denuncia, el procedimiento no habría seguido las vías administrativas habituales y plantearon interrogantes sobre el rol que tuvo González, quien además de ser viceintendenta ocupa la titularidad del Concejo Deliberante.

Uno de los puntos que deberá determinar la investigación es si existió alguna incompatibilidad entre las funciones públicas de las involucradas y la persona beneficiada por la operación. La fiscalía también deberá establecer si las decisiones adoptadas se ajustaron a las normas vigentes.

Como parte de las medidas de prueba, el Ministerio Público Fiscal realizó allanamientos en dependencias municipales y solicitó documentación relacionada con el expediente. La causa se encuentra todavía en una instancia preliminar y la situación procesal de González y Barrera quedará definida a partir de lo que plantee la fiscalía en la audiencia.

El terreno involucrado tendría una valuación superior a los 300 mil dólares, de acuerdo con la información vinculada al expediente. Ese dato le agrega una dimensión patrimonial a una discusión que ya generó repercusiones políticas dentro del municipio.

La defensa de Barrera, encabezada por el abogado Mariano Mansilla, cuestionó la hipótesis de una posible negociación incompatible y sostuvo que el caso tiene un trasfondo político. El letrado explicó que su defendida habría adquirido el terreno hace aproximadamente una década a una particular que previamente había recibido la adjudicación municipal.

Mansilla también señaló que la ordenanza cuestionada fue impulsada para regularizar situaciones dominiales de distintos inmuebles de la zona y negó que haya sido diseñada específicamente para beneficiar a Barrera. Además, remarcó que la norma todavía no había sido promulgada y que, por ese motivo, no habría producido efectos jurídicos definitivos.

El abogado también destacó la trayectoria de Barrera y señaló que pertenece a una familia reconocida de San Patricio del Chañar que durante años estuvo vinculada a la actividad privada antes de incorporarse a la política, primero dentro del Movimiento Popular Neuquino y luego en Comunidad.

Más allá de las posiciones de la denuncia y de la defensa, la audiencia del 19 de agosto será el próximo punto clave del expediente. Ese día la fiscalía deberá precisar los hechos que atribuye a las funcionarias y la calificación legal que pretende aplicar, mientras que la Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación.

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