26 de agosto de 2026
SAN MARTIN DE LOS ANDES
El juicio político a Saloniti sumó 11 legajos de la Contraloría y nuevas actuaciones
La ampliación probatoria fue presentada ante el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes e incorpora investigaciones sobre obras, fondos públicos, deuda con el EPEN, controles administrativos y presuntas irregularidades en la gestión municipal. La denuncia contra el intendente menciona seis cargos
La causa de juicio político contra el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, sumó una nueva ampliación probatoria con 11 legajos de la Contraloría Municipal y dos actuaciones de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente. La documentación fue presentada este martes por Valeria López Oronoz, con el patrocinio del abogado Enrique Bartolomé, y quedó incorporada al expediente N° 05001-156/2026.
El pedido de juicio político había sido presentado a comienzos de agosto y plantea seis cargos vinculados con el funcionamiento del Ejecutivo municipal. Entre ellos aparecen la gestión de la crisis cloacal y ambiental, la deuda con el EPEN, presuntas irregularidades en el Plan de Ordenamiento Territorial, incumplimientos de deberes de funcionario público, cuestionamientos al vínculo con la Contraloría y posibles afectaciones al principio de división de poderes.
La nueva documentación busca respaldar esos planteos con actuaciones producidas por organismos de control municipales.
Entre los antecedentes incorporados figura la falta de respuesta del Ejecutivo a distintos pedidos de informes de la Contraloría, algunos relacionados con el pago del suministro eléctrico de los barrios militares del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4. Según la presentación, esos trámites involucraron más de $150 millones y fueron instrumentados mediante distintos decretos municipales.
También se incorporó documentación sobre la pavimentación de la calle Los Pinos. La Contraloría habría advertido deficiencias técnicas en la obra, entre ellas una resistencia del hormigón inferior a la prevista en el pliego. Además, el organismo señaló la ausencia de ensayos de probetas, estudios de suelo y libro de obra. El proyecto había sido adjudicado por unos $194,9 millones.
Otro de los legajos se refiere a una operación bancaria vinculada con Mercado Pago. De acuerdo con la documentación presentada, se detectó una transferencia de $78,8 millones hacia el Banco Provincia del Neuquén desde una cuenta virtual que no figuraba en la contabilidad municipal. La imposibilidad de acceder a determinados extractos derivó, según la denuncia, en una ampliación de una presentación penal.
La ampliación también incorpora cuestionamientos sobre pagos vinculados con la Comisión de Interpretación y Aplicación Paritaria, el uso de un predio denominado Planta Pavimento y una obra de refacción en la sede vecinal Del Molino. En este último caso, se señala el pago de $2,5 millones por trabajos sobre ocho metros cuadrados de contrapiso, con una diferencia respecto de la tasación de mercado que la presentación estima en más de $2 millones.
Uno de los puntos centrales de la documentación es la situación financiera del municipio con el EPEN. Según un informe de la Secretaría de Economía y Hacienda incorporado al expediente, la deuda con el organismo provincial pasó de cero al cierre de 2023 a $675,9 millones al 31 de diciembre de 2025. El mismo documento reconoce, de acuerdo con la presentación, la falta de una estructura municipal específica para controlar los consumos energéticos y de un registro desagregado de los medidores.
A esto se sumaron dos actuaciones de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, relacionadas con el principio de división de poderes. La presentación busca además incorporar decretos de traspaso de mando y actas de votación para analizar si correspondía la excusación de funcionarios o concejales en determinadas decisiones.
El conjunto de la documentación será ahora parte del análisis institucional del Concejo Deliberante, en el marco del proceso iniciado contra Saloniti. La incorporación de los nuevos legajos no implica por sí misma una determinación sobre la responsabilidad del intendente, sino que amplía los elementos que deberán evaluar las instancias correspondientes del procedimiento de juicio político.