3 de septiembre de 2026
LEGISLATURA
Río Negro aprobó el traspaso de las rutas 22 y 151 y avanzó con nuevas regulaciones
En una jornada de fuerte debate, los diputados provinciales sancionaron el traspaso de las rutas nacionales, la creación del nuevo ente regulador de servicios públicos y otras iniciativas vinculadas a vivienda, producción y control sanitario
La Legislatura de Río Negro tuvo este jueves una extensa sesión en la que aprobó un conjunto de iniciativas con impacto directo sobre infraestructura, servicios públicos, desarrollo urbano y actividad productiva. Entre las decisiones centrales estuvo la ratificación del convenio por el cual la Provincia asumirá durante 20 años la gestión y el mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151 dentro de su territorio, una medida que estará acompañada por una emergencia vial y un nuevo esquema de financiamiento.
El proyecto vial recibió 38 votos afirmativos y tres negativos, correspondientes a Leandro García, Luis Ángel Ivancich y Alejandra Más, del bloque PJ-NE. La iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar un endeudamiento de hasta 60 millones de dólares con FONPLATA u otro organismo multilateral para financiar las obras consideradas prioritarias.
Durante el debate, el oficialismo defendió la transferencia como una respuesta frente al deterioro acumulado de las trazas y a la falta de inversión nacional. Carlos Valeri, miembro informante, señaló que las intervenciones urgentes abarcarán unos 305 kilómetros y mencionó cuatro sectores considerados críticos: la rotonda de Choele Choel, el tramo de la ruta 151 entre Barda del Medio y Catriel, el sector del puente 83 de la ruta 22 y un nuevo puente ferroviario en el acceso a Cipolletti. Según los datos expuestos en el recinto, 212 personas murieron entre 2018 y 2026 en accidentes vinculados con el estado de ambos corredores.
La oposición que acompañó la iniciativa puso el foco en el costo que tendrá para las arcas provinciales asumir infraestructura de jurisdicción federal. Las principales objeciones estuvieron vinculadas con el endeudamiento en dólares, la ausencia de fondos nacionales asociados al traspaso y la necesidad de que Río Negro mantenga sus reclamos para recuperar los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. También hubo advertencias sobre la utilización de contrataciones directas durante la emergencia y sobre el impacto que el repago de la deuda podría tener sobre otras áreas del presupuesto.
La discusión incluyó además el papel de las rutas en el desarrollo de Vaca Muerta. Ariel Bernatene planteó que el tramo entre General Roca y Allen debe ser incorporado entre las prioridades debido al tránsito diario de más de 11.000 vehículos y al peso del transporte vinculado con la actividad hidrocarburífera. Pedro Dantas, en tanto, sostuvo que las regalías provenientes de la producción de hidrocarburos, que se liquidan en dólares, otorgan previsibilidad para afrontar el financiamiento. La ley también contempla un mecanismo para recuperar las inversiones realizadas si las trazas son posteriormente concesionadas o retornan al Estado nacional.
Otro de los proyectos relevantes aprobados durante la sesión fue la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones de Río Negro (ERSeC). El nuevo organismo reemplazará al EPRE y concentrará también las funciones de regulación y control de los servicios de agua potable y desagües cloacales que hasta ahora ejercía de manera transitoria el Departamento Provincial de Aguas.
El ERSeC funcionará bajo la órbita del Poder Ejecutivo, aunque con autarquía técnica, funcional y presupuestaria. Tendrá un Directorio de tres integrantes, con mandatos de cuatro años, y será financiado mediante la tasa de inspección y control que pagan las empresas prestadoras. La puesta en marcha contempla 90 días para reglamentar la ley y otros 90 para implementar efectivamente el nuevo organismo.
El oficialismo sostuvo que la reforma permitirá separar las funciones de planificación, prestación y control de los servicios y resolver una situación que se había extendido durante 28 años desde la sanción de la legislación que dejó en manos del DPA el control del agua y las cloacas. La oposición, aunque en algunos casos acompañó la necesidad de reformar el sistema, cuestionó la velocidad del tratamiento y la composición del Directorio, particularmente porque sus integrantes serán designados por el Poder Ejecutivo.
También aparecieron reclamos para incorporar representantes de los usuarios y garantizar mecanismos de atención presencial en las distintas localidades. Legisladores opositores plantearon además dudas sobre el alcance de la nueva tasa de control para cooperativas y organizaciones comunitarias que administran servicios de agua, mientras que desde el oficialismo defendieron la continuidad del esquema de fiscalización y señalaron que el EPRE ya había aplicado multas millonarias a empresas prestadoras.
En materia habitacional, la Legislatura aprobó por unanimidad y en primera vuelta la transferencia a la Municipalidad de Bariloche de un inmueble provincial de aproximadamente 39.000 metros cuadrados para desarrollar un loteo social. El proyecto prevé que puedan generarse alrededor de 68 terrenos destinados a familias de la ciudad y fija un plazo máximo de 24 meses para completar la subdivisión y adjudicación.
El inmueble se encuentra en las inmediaciones de la antigua ruta 258 y había quedado en manos de la Provincia luego de la disolución de una cooperativa. Según explicó Valeri, se trata de un remanente de unas cuatro hectáreas que no había sido subdividido ni ocupado. La transferencia fue impulsada a partir de un pedido del municipio y tendrá como condición específica su utilización para atender la demanda habitacional.
La jornada también incluyó la sanción de una nueva regulación para la actividad cárnica provincial. La norma actualiza el régimen de habilitaciones sanitarias para establecimientos y transportes, establece competencias diferenciadas entre la Provincia y los municipios y permite el traslado de carne vacuna y ovina para autoconsumo bajo un sistema de guía y acreditación de propiedad.
El punto más controvertido fue el artículo 15, referido al procesamiento de fauna silvestre. Mientras el oficialismo sostuvo que la medida busca otorgar trazabilidad y formalizar una actividad que ya existe, sectores de la oposición advirtieron que podría abrir la puerta a la comercialización de especies nativas. Magdalena Odarda cuestionó el proyecto por razones ambientales y otros legisladores acompañaron la iniciativa en general, pero expresaron reparos específicos sobre ese artículo.
La aprobación de estos proyectos mostró un recinto atravesado por acuerdos transversales, pero también por diferencias respecto del rol que debe asumir la Provincia frente al repliegue de funciones nacionales. El caso de las rutas 22 y 151 concentró buena parte de esa discusión: Río Negro decidió hacerse cargo de infraestructura federal durante dos décadas y financiar las primeras obras con deuda, mientras distintos bloques reclamaron que esa decisión no implique resignar los recursos que consideran correspondientes a la Provincia.
Con las sanciones de esta jornada, el Gobierno de Alberto Weretilneck obtiene herramientas para avanzar sobre tres frentes diferentes: intervenir de manera urgente corredores viales estratégicos, reorganizar el sistema de regulación de servicios públicos y ampliar la disponibilidad de tierras para vivienda social. Al mismo tiempo, quedaron planteados en el recinto los límites y condiciones que distintos sectores pretenden imponer a esas decisiones, especialmente en materia de endeudamiento, controles, participación ciudadana y recuperación de fondos nacionales.