4 de septiembre de 2026
COMODORO RIVADAVIA
Dura denuncia contra un funcionario por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes
El concejal del PICH, Omar Lattanzio, denunció penalmente al secretario de Infraestructura de Comodoro, Fernando Ostoich. Reclama los expedientes de concursos privados de precios por más de $16.600 millones y acusa al Municipio de restringir el acceso pese a una resolución que obliga a digitalizarlos. Pidió a la Fiscalía que resguarde la documentación
El concejal del PICH, Omar Lattanzio, denunció penalmente al secretario de Infraestructura de Comodoro Rivadavia, Fernando Ostoich, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El eje no es todavía una acusación formal de defraudación: es que el Municipio le cerró el acceso a los expedientes de concursos privados de precios y que esa documentación debía estar digitalizada. También pidió que la Fiscalía resguarde papeles y archivos antes de que desaparezcan.
La presentación se radicó este viernes en la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia. Alcance a Ostoich y a “otros funcionarios o agentes” cuya responsabilidad pueda surgir de la investigación.
Lattanzio deja sentadas “sospechas” de negociaciones incompatibles, administración fraudulenta o peculado, pero aclara que eso “excede el objeto puntual” del escrito. Quiere primero los papeles. El resto, dice, que lo investigue la Fiscalía “por cuerda separada o en forma conexa” cuando se auditen las obras.
El 27 de mayo pidió todos los expedientes de concursos privados tramitados por Infraestructura entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Reiteró el pedido. El Ejecutivo contestó que fotocopiar todo costaría tiempo, gente y plata: no menos de un mes. El concejal respondió que no había pedido necesariamente papel: los expedientes deberían estar digitalizados.
El 10 de agosto, la Secretaría ofreció otra fórmula: consulta los viernes, de 15 a 16, avisando con una semana de anticipación qué carpetas se iban a mirar. Lattanzio consideró esa ventana inviable para un control real y volvió a exigir copias completas o digitales.
Ahí entra la Resolución Municipal 0367-21, el argumento jurídico de la denuncia. Según el concejal, esa norma obliga a digitalizar los expedientes de contratación de obra pública y pone esa responsabilidad en el secretario de Infraestructura. También prevé identificación de usuarios y control de accesos. Si la digitalización es obligatoria, el costo de las fotocopias no explica la demora.
El 27 de agosto Ostoich fue interpelado. Lattanzio le formuló 102 preguntas. El funcionario respondió parte en el recinto; el resto quedó para comisión. En esa sesión el concejal ya había puesto fecha: una semana para entregar los expedientes.
En la denuncia incorpora una nómina: los concursos privados de ese año sumarían más de 16.600 millones de pesos. Aclara que la cifra la tiene que chequear la Fiscalía con los originales.
Ahora la pelota está en la Fiscalía: si hay mérito para abrir causa por la obstrucción al acceso y, más adelante, si de esos mismos papeles sale otra cosa.