9 de septiembre de 2026
CHUBUT
Se acerca el juicio por defraudación en la mutual de la cooperativa de Esquel
El lunes que viene tiene fecha la audiencia preliminar por el presunto fraude a la mutual Aonikenk. La defensa de uno de los imputados plantearía la recusación de la fiscal jefe María Bottini, y de la procuradora de Fiscalía, Cecilia Bagnato
El próximo lunes 14 de septiembre será la audiencia preliminar por el caso del presunto fraude en perjuicio de la Mutual Aonikenk, de los trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre de Esquel. La defensa de uno de los imputados plantearía la recusación de la fiscal jefe María Bottini, y de la procuradora de Fiscalía, Cecilia Bagnato.
El juez Jorge Novarino, en la audiencia del 1º de julio, expuso que en la decisión del Superior Tribunal de Justicia de revocar el sobreseimiento de los tres imputados habría una multiplicidad de interpretaciones. Con ese argumento, se abstuvo de emitir una opinión, más allá de coincidir con el fallo del STJ porque “la sola apertura a la ambivalencia da la pauta de que no ha sido contundente y consecuente con los intereses de una y otra parte, de manera categórica”.
Los imputados son el jefe del Departamento Recursos Humanos de la Cooperativa, Carlos Moraga; el contador Jorge Vernengo, y la extesorera Graciela Warrel. El defensor de Vernengo, Marcelo Macayo, impulsaría la recusación de las fiscales que investigaron el caso.
Novarino en aquella oportunidad decidió “reeditar la audiencia preliminar, mal que nos pese a todos”, y adelantó que se fijaría un nuevo plazo para que ajustara la acusación la Fiscalía, y los acusados la conozcan.
La fiscal María Bottini le transmitió al juez que la Fiscalía ya había expuesto los hechos y la calificación legal principal y alternativa, en tanto Sandoval, abogado de la querella – Estefanía Peloff y Patricio Escobar-, propuso plasmar su postura en un escrito, lo mismo que la Fiscalía, y se correrían los traslados a las partes.
Según la acusación, el principal imputado es el expresidente de la mutual, quien administró los fondos entre 2019 y 2022. En ese período, habría cobrado aportes y otorgado préstamos sin registrar correctamente las operaciones, lo que derivó en la desaparición del dinero. La investigación reveló que en los cierres de ejercicio financiero se presentaban informes falsos ante la asamblea, ocultando la falta de fondos. Durante un allanamiento realizado en la sede de la mutual, no se encontró el dinero, ni se pudo establecer su trazabilidad.
Además, la Fiscalía considera que la defraudación no fue ejecutada de manera aislada, sino que contó con la participación de la entonces tesorera y el contador de la mutual. En el caso del contador, se argumenta que no podía alegar desconocimiento de la maniobra, ya que en su propio estudio contable se hallaron planillas con registros de préstamos firmados por empleados, documentación que no fue consignada en los estados contables.
El juez que dictó el sobreseimiento argumentó que el expresidente de la mutual actuó como un "administrador de hecho" y, por lo tanto, su conducta no encuadraba dentro de los delitos tipificados en el Código Penal. Basado en esta interpretación, también eximió de responsabilidad a los otros imputados. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la administración irregular de los fondos se extendió durante cuatro años y que hubo retención indebida de cuotas sociales y créditos, además de la venta de lotes de la mutual sin rendición de los ingresos.