1 de octubre de 2026
NEUQUEN
Causa Planes Sociales: Gutiérrez y Sapag podrían ser llamados a declarar
La defensa de Alfredo Cury pidió citar a los dos exgobernadores como testigos en el nuevo juicio de cesura por la estafa con planes sociales. Busca conocer qué participación tenían los condenados en la estructura del MPN durante el período investigado
La causa por la estafa con planes sociales en Neuquén podría sumar como testigos a Omar Gutiérrez y Jorge Sapag. El pedido fue presentado por Alfredo Cury, defensor del exdirector de Planes Sociales Ricardo Soiza, de cara al nuevo juicio que deberá determinar las penas de los condenados.
La estrategia apunta a esclarecer el funcionamiento interno del Movimiento Popular Neuquino (MPN) entre 2020 y 2022 y la relación entre la estructura partidaria y el dinero desviado. Durante el proceso, la Justicia consideró acreditado que parte de los fondos alimentó una red de referentes vinculados al partido, aunque ningún dirigente político fue imputado por ese destino de los recursos.
En ese período, Gutiérrez presidía la Junta de Gobierno del MPN y Sapag encabezaba la Convención partidaria. La defensa busca que ambos expliquen quiénes conducían esos organismos y si Cury o Soiza tenían cargos o funciones de decisión dentro de la estructura.
La maniobra investigada ocurrió entre septiembre de 2020 y julio de 2022 en el Ministerio de Desarrollo Social. Consistía en retener tarjetas de débito de beneficiarios del Subsidio a la Desocupación Laboral, entregarles una parte del dinero y desviar el resto. El perjuicio comprobado alcanzó los $153,3 millones de la época, una cifra que durante el proceso fue estimada en más de $1.200 millones actualizada.
El pedido de testimonios todavía no está confirmado. Cury lo presentó de manera preventiva y solicitó que el nuevo juicio no avance hasta que se resuelvan sus recursos contra la condena por asociación ilícita.
El Tribunal de Impugnación modificó la calificación del caso y consideró acreditada la existencia de una organización dedicada a cometer defraudaciones. Esa decisión dejó sin efecto las penas fijadas en diciembre de 2025 y obligó a realizar un nuevo juicio de cesura.
La eventual declaración de los exgobernadores podría aportar contexto sobre la conducción partidaria durante los años investigados, mientras sigue pendiente determinar hasta dónde llegaba la estructura que recibía el dinero desviado.