7 de octubre de 2026
NEUQUEN
Causa Viento Sur: la Fiscalía apelará y busca llevar a juicio a todos los acusados
El MPF cuestionó la decisión de la jueza Natalia Pelosso, que desvinculó a los exministros Abel Di Luca y Germán Chapino y dejó a Diego Mauro como único imputado en condiciones de llegar a juicio por el presunto desvío de $1.208 millones
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén anunció que apelará la resolución de la jueza de garantías Natalia Pelosso en la causa Viento Sur, que investiga el presunto desvío de más de $1.200 millones de fondos públicos. La Fiscalía buscará que el Tribunal de Impugnación revise la decisión y habilite la apertura del juicio para las personas que fueron desvinculadas.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmó que presentará la impugnación dentro del plazo de diez días. El planteo apunta a cuestionar los fundamentos de la magistrada y sostener la acusación que había llevado el MPF a la audiencia de control, donde pretendía que las ocho personas imputadas fueran juzgadas por administración fraudulenta.
La resolución de Pelosso modificó de manera sustancial el escenario de la causa. La jueza dictó el sobreseimiento total y definitivo de los exministros de Desarrollo Social y Trabajo, Abel Di Luca y Germán Chapino, quienes estaban acusados como coautores. También desvinculó a integrantes de la cooperativa Viento Sur y particulares vinculados al expediente.
En paralelo, cinco de los imputados quedaron alcanzados por una suspensión de juicio a prueba, con un plazo de un año y medio y distintas pautas de cumplimiento, entre ellas trabajos comunitarios y aportes económicos. De esta manera, solo Diego Mauro quedó en condiciones de enfrentar un juicio ante un tribunal colegiado.
La Fiscalía considera que esa conclusión debe ser revisada. Según explicó Vignaroli, durante la audiencia se habría anticipado una valoración de la prueba que, desde la perspectiva del MPF, debería realizarse durante el juicio oral. Por eso, uno de los ejes de la impugnación será sostener que la etapa de control de acusación no debía convertirse en una instancia para resolver sobre el fondo de la responsabilidad penal.
El planteo fiscal sostiene que entre 2022 y 2023 se produjo un perjuicio contra la administración pública calculado en $1.208.657.600 a valores históricos. La hipótesis apunta a fondos de programas estatales que, según la acusación, terminaron destinados al pago de sueldos de más de mil personas sin respaldo contractual ni una vinculación acreditada con las actividades previstas.
En el caso de los exministros, el MPF les atribuyó haber autorizado desembolsos sin verificar determinados controles previos y pese a observaciones de la Contaduría General. Para los integrantes de Viento Sur, en tanto, la Fiscalía sostuvo que recibieron y administraron los recursos con conocimiento de su destino y que presentaron rendiciones con inconsistencias.
La jueza cuestionó varios de esos aspectos al resolver los sobreseimientos. Entre otros puntos, analizó el Decreto 1672/22, que dio origen al esquema de distribución de fondos, y consideró que la decisión política correspondía al entonces gobernador Omar Gutiérrez y que no podía atribuirse automáticamente a los ministros que participaron de su instrumentación.
También puso en duda que se hubiera demostrado una connivencia entre los funcionarios y la cooperativa y marcó dificultades para establecer con precisión el grado de intervención de cada una de las personas acusadas.
Ahora será el Tribunal de Impugnación el que deberá analizar los argumentos de la Fiscalía.