9 de octubre de 2026
RIO NEGRO
Allen: la Justicia definió dónde se tramitará el planteo de Román contra la revocatoria
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro remitió el expediente al fuero Contencioso Administrativo, sin resolver si el procedimiento impulsado por el Concejo Deliberante es válido. En paralelo, la iniciativa vecinal ya reunió las firmas necesarias para avanzar hacia un referéndum
El intendente de Allen, Marcelo Román, sumó una nueva definición judicial en su intento por frenar el proceso de revocatoria de mandato que impulsa un sector de vecinos y que tramita el Concejo Deliberante. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resolvió que la controversia deberá ser analizada por la Justicia Contencioso Administrativa, por lo que el expediente continuará en la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N.º 15 de la Segunda Circunscripción Judicial.
La resolución no determina si el mecanismo de revocatoria se ajusta a la normativa municipal ni invalida las decisiones adoptadas por el cuerpo legislativo. El máximo tribunal provincial se limitó a establecer qué fuero debe intervenir en el planteo presentado por el jefe comunal, que cuestionó la apertura del procedimiento y solicitó la nulidad de las actuaciones.
Román sostiene que el Concejo Deliberante avanzó sobre atribuciones que, a su entender, no le corresponden en esas condiciones. En su presentación invocó el artículo 99 de la Carta Orgánica Municipal y argumentó que, para habilitar el mecanismo, debía reunirse previamente el aval del 10% del electorado local. También objetó la competencia del órgano que dictó las resoluciones y cuestionó la apertura de los libros destinados a recoger adhesiones.
Para resolver la cuestión de competencia, el STJ coincidió con los fundamentos expuestos por el Procurador General y consideró que el conflicto tiene naturaleza contencioso administrativa. Con ese criterio, dispuso que la causa sea remitida al organismo correspondiente para que continúe su tramitación. Será esa instancia judicial la que deba avanzar sobre los planteos del intendente, sin que la decisión conocida hasta ahora anticipe cuál será el resultado.
El expediente constituye uno de los frentes judiciales abiertos alrededor de la continuidad de Román al frente del municipio. En paralelo, el procedimiento impulsado por vecinos superó el umbral de firmas requerido para avanzar hacia una consulta popular. Según se informó esta semana, la iniciativa alcanzó más de 4.579 adhesiones, equivalentes al 20% del padrón utilizado en las elecciones municipales de 2023, requisito previsto por la normativa local.
La recolección de firmas había comenzado formalmente el 10 de septiembre, cuando el Concejo Deliberante habilitó cinco libros para que los electores respaldaran la solicitud. Aunque el mínimo ya fue alcanzado, los impulsores resolvieron mantener abierta la convocatoria hasta este viernes 9 de octubre, fecha prevista para el cierre del período de adhesiones. El cumplimiento del requisito no implica la destitución automática del intendente: el avance del procedimiento deberá formalizarse y la continuidad del jefe comunal quedará sujeta a lo que resuelva la ciudadanía en el referéndum.
La nueva decisión del STJ debe distinguirse de otro conflicto institucional entre Román y el Concejo Deliberante que ya tuvo una resolución definitiva del máximo tribunal. En aquella oportunidad, el cuerpo legislativo había dispuesto la suspensión preventiva del intendente, sin goce de haberes, luego de que se formularan cargos en su contra en una causa penal. Los concejales interpretaron que esa instancia equivalía al procesamiento contemplado en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal.
El STJ rechazó esa interpretación, consideró que el Concejo carecía de competencia para disponer la suspensión en esas condiciones y anuló las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, además de los actos dictados en consecuencia. Esa sentencia permitió el regreso de Román al Ejecutivo municipal. La controversia actual, en cambio, no se refiere a la suspensión preventiva, sino a la legalidad del procedimiento de revocatoria y a los requisitos que deben cumplirse para llevarlo adelante.
La situación del intendente también está atravesada por una investigación penal en la que fue imputado por presunto peculado y administración fraudulenta. Ese expediente es independiente de los planteos institucionales y del mecanismo de participación ciudadana que se encuentra en marcha.