En los últimos días, en el marco del Plan de Reestructuración del Estado impulsado por el gobernador Mariano Arcioni, el Ejecutivo presentó en la Legislatura de la Provincia un proyecto de ley para modificar el esquema de distribución de fondos estatales, y declarar la autarquía de los poderes Judicial y Legislativo.
La cuestión, más allá de representar un conflicto político, suscitó una discusión en términos de la constitucionalidad o no de la norma. Al frente de dicha batalla se pusieron los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) chubutense y el titular del Ministerio Público Fiscal, denunciando que se trata de una iniciativa confusa y rechazando la misma.
En las últimas horas, el ministro del STJ opinó en declaraciones reproducidas por FM Del Mar que “es un asunto muy grave" y consideró que lo que hizo Arcioni está muy mal”. En tal sentido, agregó que respecto de la posibilidad de que si el proyecto avanza hasta convertirse en ley se dan las condiciones para una intervención federal, aseguró: "lo dice el artículo 5° de la Constitución Nacional y lo dijimos en el comunicado de repudio al proyecto”.
Además, Panizzí aventuró que la iniciativa del Ejecutivo no prosperará al afirmar que “hay legisladores serios, con conciencia, que harán caso omiso de este disparate. ¿A quién se le ocurre hablar de autarquía cuando se deben dos meses de sueldo?”.
Qué dice el proyecto
El proyecto de ley de autarquía financiera del Poder Legislativo y el Poder Judicial dice que “es política de este Poder Ejecutivo velar por el pleno funcionamiento del sistema republicano de gobierno y el respeto por la división de poderes, de allí la imperiosa necesidad de la adopción de herramientas que permitan asegurar la independencia de los mismos”.
Además, agrega que “la autarquía financiera de los Poderes Públicos constituye un medio eficaz para alcanzar la máxima expresión de su independencia, motivo por el cual este Poder Ejecutivo propicia el presente proyecto de ley, a través del cual se brinda un instrumento que permite a dichas instituciones la autofinanciación y la autodeterminación de su propio patrimonio”.
"La autarquía financiera dotará de la facultad de elaborar sus propios presupuestos de gastos y recursos a ambos poderes y a partir de su entrada en vigencia, “dichos poderes verán garantizada la disponibilidad efectiva de un porcentaje de los ingresos provenientes de rentas generales de libre disponibilidad, excluyendo los ingresos que posean una afectación específica por ley”, continúa.
A la par de la autarquía financiera, “ambos poderes podrán ejercer una facultad indispensable para el desarrollo de sus roles constitucionales, mediante la asignación de los recursos en garantía, para la obtención del financiamiento necesario para llevar adelante obras de infraestructura y gestionar los gastos de capital”.
Para el Gobierno, “la plena potestad de administrar y disponer de sus patrimonios, redundará inequívocamente en una mayor eficiencia en la ejecución de sus presupuestos y logro de los fines perseguidos, así como también la posibilidad de realizar las modificaciones y readecuaciones que se estimen pertinentes en relación a las plantas de personal”.
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